CIUDAD DE MÉXICO.- Treinta y cinco juicios de lesividad y 30 denuncias contra servidores públicos en Sonora son los actos que han derivado luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectara que, la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal de Sonora realizara 829 auditorías que beneficiaron a 574 contribuyentes.
De la lista de 574 contribuyentes con posibles irregularidades, se han hecho 194 revisiones y SAT detectó que no se hicieron conciliaciones a través de las instituciones bancarias para conocer el origen de los depósitos para saldar adeudos. Tampoco se hicieron consultas con personas que se supone hicieron préstamos a los contribuyentes, explicó el jefe del SAT, Aristóteles Núñez durante la conferencia mensual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Cuando el SAT detectó esta situación, señaló que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal mil 705 millones de pesos. "Tendríamos que agotar las auditorias en 32 casos para ver si esa presunción se confirma o es mayor", señaló en entrevista previa.
Refirió que los 35 juicios de lesividad implicarán ir a tribunal para que un juez pueda resolver a favor de la autoridad fiscal federal y dejar sin efecto la condonación irregular de la autoridad estatal. "Lo que se busca es dejar sin efecto la resolución que pudo resultarle a un particular y por lo cual dejó de pagar impuestos", dijo Núñez.
Estas condonaciones irregulares se determinaron por un monto menor a lo que se debía, luego de auditorías irregulares que realizó la autoridad estatal.
Aristóteles Núñez aclaró que "ya están presentadas las denuncias a servidores públicos. Deben ser alrededor de 30 denuncias presentadas a la administración estatal, para que ella, a través de la Secretaría de la Función Pública o Contraloría y de la Fiscalía Anticorrupción o bien ante la Procuraduría estatal, puedan determinar la línea de responsabilidades contra servidores públicos".
Descartó que entre estas denuncias esté involucrado el exgobernador Guillermo Padrés. "Hay que ser muy respetuosos de las competencias y de las estructuras jerárquicas. Tendrá que ser la administración estatal quien encuentre responsabilidades de los funcionarios públicos en su momento y conforme a las investigaciones", comentó Núñez.
Señaló que en caso de que se cometiera otra irregularidad, como la que sucedió en Sonora, los incentivos que reciba la entidad serán retirados. Sonora se hizo acreedora a una sanción consistente en el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación.