TEPIC.- La Fiscalía de Nayarit pidió retirar el fuero a cuatro jueces y dos magistrados -entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad- por presuntamente estar involucrados en una ejecución hipotecaria ilegal del Infonavit contra 60 mil derechohabientes de los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
El fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano acudió al Congreso del Estado para solicitar a los diputados retirar el fuero constitucional a los funcionarios públicos judiciales para enfrentar los señalamientos por falsificación de documentos.
También acusó fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.
Díaz Ponce afirmó que desde hace un año se investigan "juicios espejo" realizados entre 2013 y 2018, con indicios de asociación, arreglos y convenios entre apoderados legales y funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, un notario -Antonio Herrera López, con fiat No.3- un despacho externo de abogados, funcionarios judiciales -encabezados por el entonces magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto-, un magistrado más y cuatro jueces de primera instancia.
De estas acciones judiciales se sabe que 40 mil viviendas lograron ser adjudicadas irregularmente a favor del Infonavit, falsificando constancias, omitiendo notificaciones y emplazamientos para los demandados y sin la intervención de Ministerio Público.
La operación se llevó a cabo en dos etapas, la primera del 2013 al 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; la segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016.
"Sin tener registro alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales; se sabe ahora que el despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de acuerdos" detalló el fiscal.
Además de la solicitud de desafuero en el Congreso local, la fiscalía pidió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo.
Hizo lo mismo al Colegio de Notarios del Estado de Nayarit para que investigue el actuar de su asociado, involucrado, y ordenó el desglose de la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República para los posibles delitos de su competencia, y estableció comunicación con autoridades del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que intervengan en el asunto según sus facultades.