El Gobierno de la República atendió a los familiares de las 16 personas presuntamente privadas de su libertad en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
En un comunicado conjunto, se informó que derivado de de la instalación de cuatro mesas de trabajo, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Policía Federal (PF), se atendió la demanda de los involucrados.
Apuntó que aunado a ello, la División Científica de la Policía Federal ha recabado 42 muestras de ADN, en tanto que la subsecretaría de Derechos Humanos aplicó 17 encuestas del "Sondeo para Familiares de Desaparecidos: daños y necesidades causados por la desaparición de personas en México", instrumento elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.
Además la PF mantiene presencia en Chilapa de Álvarez, y sus elementos realizan patrullajes permanentes y apoyan en los puntos de revisión instalados, señala el comunicado.
Destaca que personal de Investigación de la Policía Federal, continúa con el trabajo de inteligencia, apoyados con los exámenes de ADN que practicó personal de la División científica.
Por su parte, la PGR continúa con las diligencias ministeriales y atiende las once líneas de investigación abiertas sobre el caso.
En días pasado, los familiares se reunieron con el gobernador de la entidad, Rogelio Ortega y lo emplazaron a que en 48 horas regresara a sus familiares, sanos y salvos, además de exigirle una investigación exhaustiva del caso.
Habitantes de la cabecera municipal de Chilapa reportaron el pasado 18 de mayo la desparición de al menos 30 personas de entre 15 y 31 años de edad, después de que unos 300 presuntos policías comunitarios se los llevaron. No obstante reconocieron que de ellos 16 son los que están documentados ante el Ministerio Público, ya que el resto no ha sido denunciado por miedo a represalias.