CIUDAD DE MÉXICO.- Graco Ramírez no gobierna solo a Morelos, su familia le ayuda desde altos cargos y con jugosos salarios.
La lista es larga: Elena Cepeda, su esposa, es la presidenta del DIF estatal y Rodrigo Gayosso Cepeda, su hijo, es el actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en esa entidad.
Su nuera, Mónica Reyes Fuchs, pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, hijo del primer matrimonio de Graco Ramírez, también recibió el beneficio de la cercanía. Ella es secretaria de Turismo, cargo por el que percibe un sueldo mensual de 70 mil pesos.
Más aún: su exesposa, Olga Durón Viveros, quien fue nombrada en febrero de 2013 coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, percibe mensualmente, la cantidad de 64 mil 375 pesos con 16 centavos.
Otro de los familiares del gobernador que opera en su administración es su hermano, Rafael Bolívar Garrido, que desempeña el cargo de subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, por el cual gana un sueldo mensual de 59 mil 327 pesos con 42 centavos.
Quien también resultó "beneficiado" es Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, que es Fiscal General de Morelos, aunque el sueldo esta actualizado en 2014 en ese cargo era de 67 mil 233 pesos.
Ricardo Olmos, pariente cercano de Elena Cepeda, su esposa, se desempeña como subdirector de Recursos Materiales en el gobierno del estado, mientras que Alberto Barona, pareja de un miembro de la familia, es secretario de Administración en el gobierno local.
No sólo la familia. Jorge Messeguer, amigo personal de Graco y excandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el PRD, es secretario de Movilidad y Transporte; su esposa, Mireya Gally, es la directora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos; el hijo de ambos, Jordi Messeguer, asistente de Alberto Capella en la Comisión Estatal de Seguridad.
LA CORRUPCIÓN
Desde su ascenso al poder, a finales de 2012, Graco no ha licitado públicamente una sola obra. Durante todo ese tiempo, las obras han sido asignadas de forma directa a empresarios cercanos a él.
De acuerdo con la ley, las obras que rebasen cierto monto deben de ser licitadas y no asignadas de forma directa a una empresa, con el fin de cumplir con los parámetros de transparencia y anticorrupción, no hay registro de ninguna obra pública que se haya licitado.
"Nosotros no conocimos de ninguna licitación pública que se hubiera efectuado durante la Legislatura en la que me tocó servir", aseguró el expresidente de la Junta Política del Congreso del Estado, el panista Javier Bolaños Aguilar.
"El caso más paradigmático fue la remodelación del estadio Agustín "Coruco" Díaz, en Zacatepec. Supimos que algunas de las obras se encuadraron en una excepción que tiene la ley respecto de la asignación directa, cuando se trata de procedimientos y proyectos que tienen alguna patente de exclusividad, lo que no nos queda claro es qué tipo de proyecto se aplicó en la obra y que hiciera valer esta patente", dijo Bolaños a El Financiero.
De acuerdo con la auditoría practicada en 2014 a los recursos solicitados por Graco Ramírez –2 mil 806 millones de pesos–, para las obras de remodelación del "Coruco" Díaz, se destinaron 400 millones, directamente, a tres empresas.
"De estas empresas –afirmó Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos–, una de ellas es de un señor de apellido (Armando) Prida, que al parecer es su consuegro". Becerra se refiere a AyPP Constructores SA de CV.
SOBRAN CASOS
La secretaria de Salud, la doctora Vesta Richardson, fue denunciada penalmente por un desvío de 570 millones de pesos en el ejercicio de 2013, por una adquisición de medicamentos que, en algunos casos, fueron pagados hasta cuatro veces su valor a una empresa denominada Distribuidora Disur, SA de CV.