CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, anunció el 3 de enero de 2013, que su administración adjudicó de manera directa un contrato por dos mil 727 millones de pesos a la empresa Seguritech, SA de CV.
Así, el gobierno de Guanajuato se comprometió a pagar a Seguritech casi 600 millones de pesos al año durante los seis años de la administración de Márquez Márquez.
Durante la presentación del proyecto "Escudo", el mandatario explicó que serían instaladas dos mil 556 cámaras de videovigilancia y 92 arcos carreteros.
En aquel anuncio, el gobernador explicó que la adjudicación directa de este contrato fue "totalmente legal" y que se le otorgó a una sola empresa "por razones de seguridad".
De acuerdo con un informe de auditoría realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la Secretaría de Seguridad Pública del estado violó la Constitución al pasar sobre el Congreso y asignar directo a Seguritech este contrato.
De igual forma, la OFS determinó que la SSP local incurrió en otra irregularidad al haber aprobado este contrato, "al no acreditar que la oferta seleccionada fuera la mejor en precio, calidad, financiamiento y oportunidad, (pues) infringió lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público de Guanajuato".
El Financiero publicó ayer que para combatir la inseguridad en el Estado de México, el gobierno de Eruviel Ávila destinó el 12 de diciembre de 2013, 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos a la instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia a través de un contrato directo a Seguritech, SA de CV, que vence en 2017.
PERDÓN A INCUMPLIMIENTO
Tan pronto Seguritech recibió el contrato, empezó a incumplir, pues el documento estipula que la empresa se obligaba a tener lista la instalación de sus equipos en diciembre de 2013, pero falló.
En vez de aplicar una sanción por el incumplimiento, el gobierno guanajuatense otorgó una prórroga a Seguritech que se extendió hasta abril de 2014, pero la empresa volvió a incumplir, pues hasta agosto de ese año, la mayor parte de los equipos que se instalaron no funcionaban.
Además del retraso por incumplimiento de la empresa, el gobierno de Márquez "olvidó" tramitar ocho permisos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se tuvo que aplazar la instalación de 122 arcos carreteros.
Con cámara en mano, los auditores de la OFS supervisaron los 124 arcos carreteros instalados por Seguritech. De aquella visita el resultado fue que 18 de éstos estaban fuera de servicio porque carecían de suministro de energía eléctrica.
No obstante, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato exoneró al gobernador y a los titulares de las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública de la entidad de cualquier responsabilidad legal, administrativa y operativa del proyecto Escudo, porque "las observaciones hechas por el OSF no implican daño al erario, toda vez que se cumplieron".