CIUDAD DE MÉXICO.- En Guerrero existe desde 2005 una ley para sancionar la desaparición forzada, única a nivel nacional, que permite investigar el caso Ayotzinapa de manera expedita, sancionar a todos los culpables, ya sea por acción o por omisión, incluidos funcionarios de alto nivel del gobierno estatal y no se contrapone con la investigación federal de delincuencia organizada.
El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, explicó a El Financiero que la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, que no fue utilizada por las autoridades, era completamente adecuada para analizar la desaparición de los 43 normalistas y evitar los fuertes costos que ha tenido.
"Hubo un manejo equivocado del caso y fue erróneo no haber utilizado un instrumento jurídico tan eficiente como esta ley en el caso Iguala.
Era muy clara en su aplicación: porque define el delito de desaparición forzada ya sea cometido por una autoridad, como en este caso que estaría representada por los policías, o por civiles ya que también participó un grupo de narcos de Guerreros Unidos.
De haber sido acusados por desaparición forzada, hubiera sido más ágil la detención de funcionarios de alto nivel en el estado; ya que pueden ser consignados todos aquellos que "participaron en el hecho, e incluso los que cometieron omisión, que al final contribuyeron al mismo resultado".
Incluso, aclaró, en la investigación pudieron colaborar tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía General del Estado de Guerrero. El juez podía turnar a la primera de las dependencias los delitos de orden federal y a la segunda, la de desaparición forzada.
En el documento publicado en octubre de 2005, se mencionan penas de veinte a cuarenta años a quien cometa el delito de desaparición forzada, así como su inhabilitación para cualquier cargo mientras dure su pena.
En caso de que al cometer el delito, la víctima muera, haya sido torturada, violentada sexualmente, o se intentara ocultar el cadáver, la pena será de treinta a cincuenta años. Además, contempla sanciones de ocho a diez años a la persona "que incite a otro a la comisión del delito desaparición forzada".
Morales Lechuga señaló que la PGR prefirió tipificar el delito como delincuencia organizada y homicidio, en lugar de desaparición forzada, y ese fue un camino más complicado, largo y difícil de probar.
Injustamente el conflicto fue directo contra el presidente, cuando este correspondía al gobernador de Guerrero. La gente está confundida y cree que es culpa del gobierno federal
Gilberto Santa Rita, catedrático de la Universidad Iberoamericana, calificó la ley número 569, como un texto que "se apega a los requerimientos internacionales y brinda los elementos necesarios para poder llevar a cabo una investigación en la materia, de la misma forma en la que lo hacen con las normas federales", sin embargo, agregó:
"El nivel de desconfianza que tenían los guerrerenses y el gobierno federal en los funcionarios, provocó que lo atrajera la PGR".
Santa Rita afirmó que con esta norma se hubieran disminuido los costos políticos, sociales y hasta económicos que ha tenido el caso. Pero la adopción de este por las autoridades federales puso en evidencia que, incluso la PGR, carecía de la infraestructura y especialistas para estudiar los presuntos restos de los normalistas.
Francisco Venegas Trejo, profesor decano en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que la aplicación de la ley de desaparición forzada para Guerrero no sólo pudo prevenir un caso tan ominoso como la agresión a los normalistas, sino también ahorrarle muchas críticas al Estado mexicano. "Una de éstas críticas es que en México hay demasiadas leyes y no se les da cumplimiento, lo cual equivale a que no existan, y en efecto para tener un verdadero Estado de Derecho debemos cumplir las leyes y no únicamente presumirlas.
En México tenemos la mala costumbre de hacer leyes y luego guardarlas en el cajón como es el caso de ésta ley de Guerrero", agregó.
Para Morales Lechuga aún es posible que el caso Iguala cambie su rumbo y se analice con la ley de desapariciones forzadas; ya que los delitos no han sido prescritos y el juez encargado puede reclasificarlos.
"El estado de guerrero puede retomar la ley, inclusive la PGR, porque la competencia no es ministerial, o fiscal, sino judicial, lo que quiere decir que son los jueces los que deben identificar la competencia y se puede pedir la reclasificación de los delitos".