CANCÚN.- Con serias irregularidades y omisiones detectadas en el Registro Público de la Propiedad, entre ellas que la empresa Bi & Di vendió sus terrenos y un embargo de 609 millones de pesos sobre el predio de 5.4 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de Benito Juárez, activistas del movimiento de defensa de Malecón Tajamar pidieron la intervención de la autoridad correspondiente para la clausura del proyecto.
En conferencia de prensa, representantes de Salvemos Malecón Tajamar, entre ellos abogadas, indicaron que de acuerdo con los datos recabados en la instancia, varios terrenos figuran dentro del que es propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando se había argumentado que eran propiedad de particulares.
Araceli Domínguez, externó que "lo que está sucediendo en Malecón es el ícono de todos los procedimientos ilegales violatorios del interés público, del modus operandi del gobierno y funcionarios en términos de lo que es la violación a las leyes en todos los términos, no solo ambientales".
"Es también el ícono de la lucha de los ciudadanos en contra de las propia ausencias de poder de las autoridades. Lo que pasa aquí, sucede en muchos lugares como una forma cotidiana de operar de las autoridades en todo el país, lo que es muy doloroso porque se antepone el interés personal de la autoridad al público y Tajamar lo revela en toda su magnitud, con violaciones en todos los sentidos".
La abogada Antonella Vázquez indicó que investigaron en el Registro Público para saber más en torno a los terceros perjudicados en el caso, debido a que en la denuncia que presentaron los 113 menores, Fonatur solicitó al juez establecer una fianza -que se fijó en 21 millones de pesos- debido a que había terceros perjudicados, "que al final no se pudo cumplir y provocó la devastación del terreno, al no haber impedimento legal."
"Hay todavía varios lotes registrados a nombre de Fonatur, otros que se adquirieron entre 2008 hasta 2013 y algunos en 2015. Ahí se detectó con sorpresa que tres lotes propiedad del municipio, que se fusionaron, tienen un gravamen, un embargo por 609 millones de pesos, a favor de Grupo Carretero S.A. de C.V.", precisó.
Dijo que al solicitar el certificado que acreditara la información, se los negaron porque están en proceso dos movimientos la cancelación del gravamen y un traslado de dominio, lo que está pendiente hasta que se registre el movimiento.
Asimismo, confirmó que Bi & Di, ya vendió sus terrenos en julio, agosto y los últimos en octubre de 2015 y "no es dueño ya de absolutamente nada", por lo que subrayaron que "ni Profepa ni Fonatur deben insistir o señalar a esta empresa como única culpable de los incumplimientos a los que estaba obligado Fonatur.
Los defensores del manglar indicaron que "el Juzgado Cuarto de distrito actuó de manera irresponsable tomando por buenos ciertos terceros y perdiendo tiempo en sus notificaciones. Además, legalmente gran parte de los lotes siguen siendo propiedad de los mexicanos, ya sea de la federación o el municipio, dependiendo de lo que está pendiente de registro".
Apuntaron que las compraventas que se realizaron en 2015 fueron de terceros que conocían la situación de las autorizaciones irregulares de Fonatur, "por lo que queda en entredicho su buena fe".
La abogada Elizabeth González indicó que en todo momento se ha ocultado información, por lo que pidió un alto a la incongruencia de Profepa, "que aún no entiende qué le toca vigilar" y a la complicidad del gobierno.