Un análisis de la PGR que recopila las irregularidades y fallas de las autoridades durante la investigación del caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala en septiembre de 2014 podría echar por tierra los resultados que el gobierno ha dado a conocer como oficiales.
El diario estadounidense The New York Times reportó que existe un informe que encontró que los investigadores del caso Iguala quebraron la ley, "una conclusión que amenaza las bases legales de un caso que ha agitado a México".
De acuerdo con el reporte, algunos de los principales sospechosos fueron arrestados y trasladados ilegalmente, lo que pone en cuestión la la validez de la evidencia que derivó de esas detenciones.
El medio obtuvo una copia del informe, en el cual se pueden inferir los motivos por los que no se ha autorizado su divulgación: en él se enlista una serie de violaciones, incluidas el viaje del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, con uno de los presuntos sospechosos a la escena del crimen sin la presencia de un abogado.
Además de ello, resalta el documento, nunca se registró dicha visita en el archivo del caso, mientras que el sitio se dejó sin vigilancia durante la noche.
El reporte de la PGR describe cómo seis sospechosos detenidos en diferentes lugares en un día, espontáneamente confesaron con las mismas palabras pertenecer a los Guerreros Unidos y admitieron haber asesinado a los jóvenes y quemar sus restos.
Los arrestos que les siguieron, basados en sólo esas declaraciones, habrían sido arbitrarios e ilegales, de acuerdo con el reporte, pues la Constitución establece que la obtención ilegal de evidencia anula los arrestos que resulten de ella.
Otro de los problemas que se detectaron en el análisis, son el cruce de fechas, falta de registros, e incluso el hecho de que uno de los fiscales firmara documentos en dos sitios diferentes el mismo día.
"La conducta de los investigadores, en palabras del reporte oficial, violó 'el derecho a la verdad' y dañó 'el derecho a la justicia' de las víctimas", señala el diario.
El reporte de 177 páginas se completó hace cuatro meses y se imprimió para mostrárselo a los padres de los jóvenes el pasado 18 de agosto en una reunión con la PGR, pero el inspector general retuvo el documento con el argumento de que sólo faltaba la aprobación de sus superiores, una formalidad, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, según detalla el NYT.
Este reporte deja ver por primera vez evidencia desde el interior de la PGR que muestra que el caso fue llevado de manera errónea.
En tanto, el inspector general que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció abruptamente 4 semanas después de ese encuentro. Su sucesor luego desconoció la existencia del reporte, e incluso la vocería de la PGR sostuvo que legalmente no había tal reporte.
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