CIUDAD DE MÉXICO.- Belem Bolaños Martínez, Juez 32 de Control del Sistema Penal Acusatorio para Delitos no Graves del Distrito Federal, sobreseyó en su totalidad el juicio iniciado tras la explosión de una pipa de Gas Express Nieto en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el 29 de enero pasado, que dejó saldo de al menos cinco personas fallecidas y más de 70 heridos, así como el hospital demolido en su totalidad.
Con ello el chofer de la pipa de la empresa Gas Express Nieto, Carlos Chávez Hernández, hasta ayer única persona sujeta a proceso penal por este caso, fue exonerado de los delitos de homicidio culposo en agravio de tres víctimas y lesiones culposas en contra de otras cinco.
La Juez explicó que su decisión deriva de que la empresa responsable reparó el daño a todas y cada una de las víctimas, a través de acuerdos reparatorios, aunque no se precisó a cuánto ascendió dicha compensación.
"Se consideró oportuno, procedente y lícito el acto reparatorio", dijo la jueza Bolaños Martínez quien en sesión celebrada este martes declaró "extinta la pretensión punitiva del Estado, a favor del imputado, una vez que la defensa lo solicitó, por lo que se decreta el sobreseimiento total de la causa, que tiene efectos de sentencia absolutoria, procediendo a levantar las medidas cautelares".
Recordar que entre el 26 de febrero y el 19 de mayo se realizaron ocho audiencias correspondientes a la reparación del daño, por los delitos derivados de la explosión de la Pipa de Gas Express Nieto.
De acuerdo con la Juez, en todo momento el proceso se llevó a cabo de cara a las partes, "es decir, de manera legitimada, privilegiando la importancia de las salidas alternas en dicho procedimiento".
Explicó que dada la embergadura del hecho, se concluyó llevar el caso a través de juicio oral, lo que derivó en la aplicación de justicia pronta y expedita, en un término no mayor a cuatro meses.
Dijo que el 6 de febrero pasado se realizó audiencia inicial, en la que el imputado quedó vinculado a proceso, por los delitos antes mencionados, en la que se le impusieron como medidas cautelares una garantía económica de un 1 millón de pesos y supervisión a cargo del director del Hospital General Balbuena, donde el chofer estuvo bajo tratamiento médico, así como la vigilancia de la autoridad de supervisión de medidas cautelares.
Posteriormente, en una primera etapa, del 26 de febrero al 4 de marzo, la autoridad judicial consideró extinto el delito de homicidio culposo (diversos III), derivado de la reparación del daño
En la segunda etapa, del 10 de marzo al 19 de mayo, se desahogaron las audiencias en los casos correspondientes a los lesionados, que también se dieron por reparadas.
Aún falta que se determine la reparación del daño a dos de las personas fallecidas días después de la explosión. Se trata de la enfermera Mónica Orta Ramírez y el camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz.