CHIAPAS.- En el interior del penal de Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala, una docena de mujeres migrantes originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, iniciaron una huelga de hambre para denunciar que fueron injustamente encarceladas, en el marco de operativos que realiza el gobierno de Chiapas, contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Las huelguistas son mujeres trabajadoras de bares y cantinas, quienes prestan el servicio de meseras, "ficheras" o cocineras. Algunas fueron detenidas desde hace 4 años, y otras recientemente.
Afuera del penal otras tres mujeres migrantes también se unieron a la huelga. Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales estuvieron presas acusadas de trata de personas; sin embargo lograron demostrar que les habían prefabricado los delitos. Salieron libres y ahora demandan la liberación de las otras mujeres detenidas.
"Nosotras llegamos a México migrando de nuestros países. Al llegar acá él único trabajo que nos ofrecen es en bares y cantinas. Y nosotros lo aceptamos libremente porque tenemos que enviar dinero a nuestras familias", explicó Deyra Elizabeth.
La mujer, originaria de Honduras, detalló que al interior de los bares y cantinas donde ellas laboraron, no se ejerce la prostitución, a diferencia de otros lugares.
Desde 2009 el gobierno de Chiapas se unió a la campaña "Corazón Azul contra la Trata de Personas", que promueve la UNODC. Este organismo mantienen con el gobierno estastal un convenio de capacitación y colaboración.
A partir de la realización de este convenio, Chiapas empezó a realizar operativos en bares y cantinas en zonas humildes de los municipios de Tapachula y otros fronterizos con Guatemala.
De acuerdo a las cifras de la Procuraduría de Chiapas, en los últimos cinco años se ha detenido a poco más de 300 personas acusadas del delito de trata de personas. La mayoría de ellas en operativos en bares y cantinas de la zona fronteriza. De entre las personas detenidas, a casi 60 se les ha dictado sentencia condenatoria.
Sin embargo una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y, al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin acceso a defensa consular.
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Un estudio que hizo el Centro de Dignificación Humana, señala en casi todos los casos de mujeres migrantes detenidas, se trata de acusaciones que el ministerio público dependiente de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, fincó a partir declaraciones de presuntas víctimas también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, y denunciaron haber sido presionadas para testificar en contra de las detenidas.
La detención y encarcelamiento de las mujeres migrantes también ha sido cuestionada por la organización Brigada Callejera, quienes trabajan con mujeres trabajadoras sexuales en la frontera sur. Elvira Madrid, integrante del organismo, aseguró que las acciones que se han emprendido en Chiapas contra la trata, dejan sin tocar a los grupos de la delincuencia organizada que son quienes controlan este negocio en la región.
"Hay lugares donde tienen a las mujeres obligadas a prostituirse, donde hay armas, donde hay droga. A los dueños de esos lugares no los tocan, con ellos no se meten. A quienes están deteniendo sólo son trabajadoras de bares y cantinas", señala Elvira Madrid.
El 26 de mayo Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión, luego que lograron demostrar irregularidades procesales en sus juicios.
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El caso de estas tres mujeres, señalan organizaciones civiles como el Centro de Dignificación Humana, "demuestra la violación sistemática al debido proceso", y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano "que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata".
En el "Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México 2014" la UNODC también reconoce que además de la falta de capacitación especializada de las personas que aplican las leyes contra la trata –Ministerios Públicos, jueces y policías investigadores- no se han desarrollado todavía las herramientas para la persecución y sanción del delito, y la protección y atención a las víctimas, sus familiares y los testigos.
Este día Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María iniciaron una huelga de hambre afuera del penal de Tapachula, para exigir a la Procuraduría y al Tribunal de Justicia de Chiapas, limpie los procesos y libere a más de 30 mujeres –la mayoría migrantes- que permanecen presas acusadas del delito de trata. Adentro del penal se unieron a la huelga una docena de mujeres.
También, a través del Centro de Dignificación Humana y su director, Luis Rey Villagrán, las mujeres presas enviaron a Ban Ki Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y a Emilio Alvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el expediente de las detenidas y la solicitud para analizar el caso.