Gobernación no acepta el dictamen de la nueva Ley de Seguridad que aprobó el Senado, para crear el llamado Mando Mixto de los cuerpos policiacos, por lo que el PRI lo frenó en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en la congeladora, reveló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, Jorge Ramos Hernández, del PAN.
Explicó a El Financiero que la dependencia federal convocó a los legisladores del PAN y del PRI para renegociar modificaciones en tres temas centrales de lo ya aprobado: la existencia de policías municipales, la integración ciudadana en la estructura del Consejo Técnico del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, y garantizar que la política no se involucre en el manejo de la seguridad.
Ramos comentó que la negociación, que se realiza en la Segob y no en San Lázaro, está centrada, básicamente, entre el PAN y los técnicos jurídicos del gobierno. Hay avances y disposición en las negociaciones, pero no acuerdos.
Precisa que "el principal desacuerdo de Gobernación es que no acepta el mando mixto que aprobaron los senadores", que contempla evitar la desaparición de las policías municipales, la intervención temporal de corporaciones policiacas federales y estatales en los municipios; la remoción de mandos policiacos a petición de gobernadores y del Ejecutivo federal o cuando no cumplan con las evaluaciones, entre otras acciones.
A la reforma, Gobernación quiere modificarle "los contenidos centrales", advierte el diputado panista.
"Primero, la Segob insiste en desaparecer todas las policías municipales, como originalmente lo propuso el presidente Peña Nieto y que luego el Senado corrigió. Ahora quiere que exista únicamente una policía municipal civil sin armas, lo cual es improcedente para el PAN y es una posición nuestra irreductible".
"El otro tema en las negociaciones es la estructura del Consejo Técnico del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, pues aunque los senadores avalaron que se deberán integrar cinco ciudadanos, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, con duración de 4 años y posibilidad de reelección, el tema fue reabierto por el Ejecutivo".
"Se busca con eso ciudadanizar las políticas públicas y programas de seguridad, y vigilar y recomendar acciones al propio secretariado", explicó.
"Y como tercer tema, con esta ciudadanización, se quiere garantizar también que la política no se involucre en la seguridad. Es decir, que el gobierno federal no actúe en contra de un municipio o de un estado sólo por cuestiones políticas o electorales", dijo.
Primera modificación. Gobernación insiste en desaparecer policías municipales y dejar sólo a elementos civiles sin armas.
Segunda modificación. Se opone a que ciudadanos formen parte del Consejo Técnico del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.
Tercera modificación. Garantizar que el gobierno federal no actúe contra un municipio o estado sólo por cuestiones políticas o electorales.