CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno de la República condenó las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y aseguró que colabora con las autoridades en su esclarecimiento, afirmó la Secretaría de Gobernación tras subrayar que en el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte no está descartada ninguna línea de investigación.
En respuesta a la carta que un destacado grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos enviaron al presidente Enrique Peña Nieto. la dependencia dio a conocer un escrito firmado por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrian en donde señala que ha recibido instrucciones del Presidente de la República para seguir atendiendo el problema.
Destacó que "en relación con el homicidio de Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Mile Virginia Martín, la autoridad responsable que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, nos ha comunicado que a esta fecha ninguna línea de investigación está descartada".
Subraya que "el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista".
Campa Cifrian apuntó que "una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas y a esta fecha, dicho mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas".
Explicó que dicho mecanismo, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas.
En su misiva Roberto Campa aseguró que "en el Gobierno de la República estamos convencidos de que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse. Somos conscientes también de que los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de Derechos Humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos".
Por ello "seguiremos trabajando con convicción y energía para que el Mecanismo opere con base a las mejores prácticas tal y como comunicadores y sociedad demandan", subrayó.