CIUDAD DE MÉXICO.- Utilizando el mecanismo de contratar proveedores externos para realizar trabajos para las que originalmente recibieron dinero público, las universidades desviaron más de 100 millones de pesos de las finanzas federales.
De acuerdo con los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016 realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las instituciones continuaron el año pasado con el modus operandi de contratar a otras empresas para realizar investigaciones y tareas por las cuales recibieron dinero de dependencias gubernamentales.
La ASF detectó irregularidades en dos instituciones: la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), que fue contratada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); además de la Universidad Tecnológica de Salamanca, en Guanajuato.
En el caso de la institución de Zacatecas se advierte que no tenía la capacidad técnica para realizar los trabajos y subcontrató la totalidad de los servicios pactados, además no pudo comprobar que hubiera pagado por esos servicios.
"La Universidad no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la Conapesca y la Sagarpa, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a 154 millones 796 mil pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la universidad", explica.
También se identificó un sobrecosto de 37 millones 452 mil pesos "entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios".
También se detectaron 78 prestadores de servicios que no se vinculan con ninguno de los convenios, anexos técnicos y contratos suscritos con las dependencias, a los cuales la universidad les pagó 8 millones 692 mil pesos.
En el caso de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), la ASF determinó recuperaciones probables por 44 millones 457 mil pesos. La Institución suscribió "diferentes" contratos con "entidades de la administración pública federal", donde aseguró que tenía la capacidad material y financiera para realizar los trabajos.
"Se corroboró que para hacer frente a sus obligaciones la UTS contrató a 17 prestadores de servicios, siete empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios, lo que representó el 78 por ciento de subcontratación".
Se determinó que la UTS realizó pagos injustificados por un monto de 32 millones 637 mil pesos, a diversos proveedores y expertos técnicos contratados para la ejecución de los trabajos convenidos, ya que no presentó la evidencia documental, además tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los 11 millones 820 mil pesos.