La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación con motivo del ciberataque al sistema financiero mexicano ocurrido a finales de abril y que habría causado afectaciones por unos 400 millones de pesos a diversos bancos.
Autoridades de la PGR confirmaron que dentro de este expediente podrían integrarse denuncias que, en adelante, presenten las instituciones de crédito que resultaron afectadas por este hecho.
En la carpeta de investigación iniciada se advierte de la existencia de transferencias financieras no autorizadas ni reconocidas por los bancos, que de acuerdo con las autoridades financieras no causaron daño económico a usuarios, aunque sí hubo una afectación en el servicio de banca en línea.
La labor de la PGR será rastrear en el ciberespacio al o los responsables de esta agresión electrónica y en su caso aplicar las sanciones correspondientes.
De acuerdo con las autoridades consultadas, las indagatorias están a cargo de un grupo multidisciplinario especializado en delitos financieros y cibernéticos adscritos a la Subprocuraduría de Delitos Federales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En septiembre de 2017, el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, emitió el acuerdo A/076/17 mediante el cual se creó la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas adscrita a la AIC.
Se espera que diversas instituciones bancarias presenten denuncias penales por las afectaciones sufridas con este ciberataque.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), reconoció el lunes una afectación en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de algunos bancos debido a "un ciberataque".
Dijo que básicamente afectó el sistema de pagos electrónicos, sobre el cual no se tenía un precedente, por lo que advirtió que se estaban tomando las medidas pertinentes para normalizar las operaciones.
Tras el ataque cibernético, Banxico anunció una serie de medidas como la creación de la dirección de Ciberseguridad.