CIUDAD DE MÉXICO.- La PGR solicitó a un juez una orden de aprehensión, por delitos electorales, contra Arturo Escobar, quien al conocer la acción legal, rechazó los cargos y anunció su separación de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, dijo que los delitos que se le imputan a Escobar no son considerados como graves, pese a que uno de ellos es sancionado con prisión de hasta 15 años y una multa de 5 mil días de salario mínimo.
Arturo Escobar fue dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es, desde el 9 de septiembre, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Según la consignación de la PGR, la acusación en su contra deriva de un contrato que, en su calidad de presidente y representante legal del PVEM, firmó con una empresa para la elaboración y entrega de 10 mil tarjetas Premia Platino.
Dicha tarjetas se entregaron con motivo de las elecciones de junio pasado en una forma ilegal, porque la ley prohíbe a los partidos, candidatos o equipos de campaña la entrega de este tipo de materiales, pues se les considera un beneficio que podría condicionar el voto del electorado, en este caso en favor del PVEM.
"Por un lado el PAN presentó una denuncia, por otro lado una diputada del PRD y una serie de ciudadanos que cuando recibieron esta tarjetas del PVEM, que los mencionaba como afiliados, protestaron por el uso de sus datos personales, a partir de ahí se desarrolló una investigación y se encontró con una serie de contrataciones indebidas y actos indebidos", dijo Nieto Castillo.
Aseguró que tras seis meses de investigación se consignó el pliego de consignaciones, a considerar que se documentó el cuerpo del delito y su probable responsabilidad de Escobar.
Y es que se corroboró que el PVEM utilizó las tarjetas Premia Platino durante el proceso electo-ral, como una prestación de descuentos a las personas a las que se les hacía la entrega.
"Eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la ley electoral, que establece que no se puede realizar ni destinar ni recibir aportaciones en dinero o en especie cuando hay una prohibición legal y aquí la prohibición es muy clara", dijo Nieto Castillo.
Según la PGR, los delitos que se le imputan a Escobar están previstos en los artículos 7 Fracción XXI, y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
CASO COLIMA
Nieto Castillo refirió que también en un expediente de Colima se solicitó órdenes de aprehensión contra el presidente del PAN en aquella entidad; el secretario de Desarrollo Social de Colima, y el abogado del excandidato panista Jorge Luis Preciado.
Destacó, que en ambos casos es el juez quien determina si otorga la orden de captura, y en su caso, si obliga a los imputados a permanecer en prisión o les impone una multa para permitir que sigan el proceso penal en su contra en libertad.
Una vez que la Fepade solicitó la orden de aprehensión, el juez tiene 10 días determinar si con-cede o no el mandamiento judicial.