El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a la Procuraduría General de la República de haber roto el acuerdo de confidencialidad que habían pactado al revelar el resultado del tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula, Guerrero.
El estudio, revelado este viernes por Ricardo Damián Torres, integrante del Grupo Colegiado de siete Expertos en Materia de Fuego, y Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, indica que existen evidencias para determinar que en el lugar sí hubo incendio y que al menos 17 personas adultas fueron incineradas.
Esta noche el GIEI emitió un comunicado en el que recuerda que en septiembre de 2015 presentó un informe en en el que concluyó que no existía evidencia de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero
en el tiempo, circunstancias y condiciones señaladas por la PGR en su investigación.
Frente a dicha conclusión, la PGR manifestó su deseo de hacer un nuevo estudio, para lo cual solicitó el apoyo del GIEI.
El grupo de expertos asegura que en el acuerdo suscrito con el gobierno de México, en octubre de 2015, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acordó que el GIEI apoyaría la realización del mismo con las siguientes condiciones:
Establecer de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos y llegar a un consenso sobre el modo en que se realizaría.
Sostiene que este viernes el equipo de expertos en fuego entregó un estudio preliminar de sus conclusiones y que tras la entrega se entró en un proceso de diálogo sobre los pasos a dar.
"Es importante señalar que el GIEI tenía un acuerdo con la PGR para manejar conjuntamente y por consenso cualquier paso en relación con dicho estudio", subraya el comunicado.
Como parte del acuerdo, añade, si se quería transmitir un mensaje (en conferencia o comunicado) el GIEI propuso que los expertos en fuego escribieran su mensaje y se consultara entre todos ellos para asegurar que no había problemas o confusiones en el contenido.
Además, sostiene que dicho mensaje se enviaría a la PGR y el GIEI mañana mismo, y que conjuntamente se decidiría qué respuesta dar a sus peticiones de hacer público dicho acuerdo o la respuesta en los dos o tres días posteriores.
Asimismo, se acordó que ninguno de los expertos podía salir públicamente a hablar en nombre del grupo colegiado sin presentar de manera clara a los integrantes del mismo y sin explicar por qué habían sido elegidos.
"Cuando parecía que se había alcanzado un consenso sobre los puntos antes mencionados, se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era de que el Sr. Torres saliera públicamente", denuncia el GIEI en el comunicado.
"Advertimos a la PGR que eso suponía la ruptura de dos acuerdos: el de confidencialidad del proceso hasta tener resultados y cómo transmitirlos", sostiene.
Sostuvo que Torres señaló al GIEI que su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo.
"Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI durante la reunión, ni son de consenso de los expertos de fuego", afirma.
Advierte que es evidente que "alguien tomó la decisión" de romper dicho acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI tomando una decisión unilateral por parte de la PGR.
“En base a todo ello el GIEI considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio”, agrega.