CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se entregó este jueves al Congreso, prevé un incremento del 18.64 por ciento al presupuesto para el año 2017 del Poder Judicial de la Federación.
Y es que se solicitaron 75 mil 477 millones de pesos para las tres instituciones que integran a este Poder: la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se trata de 11 mil 861 millones de pesos más de lo que se aprobó para el ejercicio fiscal 2016, que está en curso, en el cual se le destinó al Poder Judicial un total de 63 mil 616 millones de pesos.
Una vez que se dio a conocer dicha información la oficina del ministro Presidente de la Suprema Corte y titular del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar, aclaró que se trata de un incremento justificado.
"Para el ejercicio fiscal 2017, el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación se plantea como un medio indispensable para que el Estado mexicano pueda cumplir su responsabilidad de impartir justicia, como un factor determinante para mejorar la convivencia y el bienestar público", dijo.
Explicó que el Poder Judicial de la Federación es una institución de servicio, que trabaja para que los mexicanos tengan acceso a la justicia y se les garantice el respeto de sus derechos humanos en la forma más amplia, completa y progresiva.
Aseguró que el 90 por ciento de los recursos que se le destinan, año con año, son para gasto corriente, es decir, para el pago de salarios de los empleados y empleadas de estas tres dependencias.
Destacó, también, que el Poder Judicial de la Federación requiere un indispensable incremento en el número de juzgados y tribunales, para resolver más de un millón de asuntos que reciben al año.
Precisó que un mayor número de Juzgados y Tribunales permitirá la consolidación del Nuevos Sistema de Justicia Penal en México, así como la del sistema de Justicia para Adolescentes.
Dijo que el Proyecto de presupuesto que presentó "se construyó bajo la premisa del uso efectivo de los recursos públicos, en apego a medidas de racionalidad con el apoyo de mecanismos de control y evaluación que garanticen su óptima ejecución e incorporando parámetros de racionalidad, innovación, transparencia y rendición de cuentas".