CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años de que Mexicanos Primero interpuso ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal una demanda de amparo contra la corrupción y los desvíos de fondos en el sector educativo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles a favor de la organización.
Por unanimidad, los ministros Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de ampliar la posibilidad para que organizaciones de la sociedad civil puedan acudir al amparo, en defensa de los derechos humanos de terceros, al reconocer a Aprender Primero A.C., brazo jurídico de Mexicanos Primero, su "interés legítimo" en este asunto.
Aunque todavía no se conocen los detalles de la sentencia, señaló la organización a través de un comunicado, "presumimos que la resolución de la Suprema Corte obliga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos federales y locales, en todos y cada uno de los casos detectados de desvío de recursos públicos destinados a la educación. En caso de que la ASF decidiera no iniciar los procedimientos correspondientes, deberá fundar y motivar sus razones para ello".
En ese sentido, recalcó, la Suprema Corte obligaría a la ASF a que no sólo informe de los presuntos daños al erario público federal que se reportan cada año por cantidades millonarias, como lo ha hecho hasta ahora, sino a actuar en todos y cada uno de los casos detectados, para recuperar los recursos públicos desviados, procesar a los culpables, o fundar y motivar en los casos en que no inicie el procedimiento de responsabilidad.
"Esto significa que la ASF debería buscar en todos los casos regresar a la bolsa educativa los recursos que hayan sido desviados para fines distintos a los que determina la ley, así como castigar a los responsables de dichos desvíos, incluyendo a quienes pagan y a quienes reciben".
Este amparo fue promovido en febrero de 2013 utilizando como pruebas los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010 elaborados por la misma ASF. En dichos informes la Auditoría presumía daños a la Hacienda Pública Federal por más de 30 mil millones de pesos por el indebido uso del recurso educativo.