En un sistema político en el que un partido obtiene el Ejecutivo y la mayoría en el Legislativo, el desarrollo económico y la seguridad jurídica solo pueden garantizarse con un Poder Judicial independiente y autónomo tal como lo marca la constitución en el artículo 94, sostiene el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en su libro ¿Absolutismo Constitucional?.
Contrario a lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de que el jurista llevará a cabo un análisis de las leyes vigentes precisa que en este aparatado la ley es muy clara al señalar que "la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo".
Añade que en "ese precepto en su porción destacada, constituye lo que se ha llamado garantía de irreductibilidad de la remuneración y es, junto con la inamovilidad y la inmunidad relativa, la base en que se sustenta la independencia judicial".
Sin embargo sostiene que en la presente legislatura se han formulado iniciativas de ley que constituyen un grave ataque a la independencia y autonomía del Poder Judicial al pretender reformar el artículo 94 de la constitución y ante esto señala que la independencia judicial es la que hace posible que los jueces adopten decisiones con mano firme, "aun cuando sean –resalta- poco populares o incluso, contrarias a otras ramas del gobierno, para garantizar el pleno respeto a los derechos no solo de las mayorías, sino también y, principalmente, de las minorías".
"Es la fuerza y el escudo del juez, que le permite afrontar con el solo apoyo de la letra de la ley, las decisiones de los otros poderes constituidos y salvaguardar el Estado de Derecho", explica.
El artículo 94 constitucional constituye la llamada garantía a la remuneración o a la irreductibilidad de determinados servidores públicos; esa garantía presupone, por un lado, la inhibición de posibles presiones y, por otro, la seguridad de un trabajo que debe ser bien remunerado.
"Esa garantía permite además, formar y atraer al seno del Poder Judicial de la Federación profesionistas del derecho de excelencia quienes deben dedicarse, única y exclusivamente, a la función jurisdiccional" detalla el ministro en retiro.
Salvador Aguirre señala que si la Cámara de Diputados permite que sea el presidente de la República el que fije su remuneración y, por extensión, la de todos los demás servidores públicos, no solo abdicará de su potestad sino que además violará flagrantemente la Constitución, ya que se reunirán dos poderes en una sola persona.
Ante los enfrentamientos que prevalecen por estos desacuerdos advierte que debe privilegiarse el diálogo respetuoso entre poderes y, con espíritu autocrítico, corregirse los excesos, con el propósito de evitar escenarios de confrontación, sin embargo también deja en claro que si se deroga el párrafo noveno del artículo 94 constitucional que contempla la irreductibilidad de las remuneraciones solo restará invocar los instrumentos internacionales que contienen y soportan los derechos de los juzgadores, es decir llevar estas controversias al ámbito internacional.