MILWAUKEE.- Vive lejos de la frontera, anda a caballo en el asfalto, con botas vaqueras y sombrero Stetson. Carga un revolver de seis balas y fusil semiautomático. Se llama a sí mismo "el sheriff del pueblo" y en la era Trump ha decidido perfilarse como un paladín enemigo de la migración indocumentada en Estados Unidos: es el sheriff David Clarke, del condado de Milwaukee, Wisconsin, quien ya se erige en el heredero en forma, fondo e ideología del temido alguacil Joe Arpaio, de Maricopa.
"Tiene que haber cero tolerancia a permitir que gente entre a este país ilegalmente", dijo Clarke a mediados de febrero pasado, poco antes de anunciar su intención de evitar que iglesias y universidades de Milwaukee se sumen a la iniciativa de ciudades santuario, protectoras de migrantes.
Su inusual mano dura –es acusado de la tortura y muerte de personas bajo su custodia– le ha catapultado al centro de la atención nacional en Estados Unidos.
Desde que irrumpió en escena, el sheriff se ha convertido al mismo tiempo en un villano para la comunidad migrante y en héroe para la ultraderecha estadounidense, que ve en él el arquetipo del policía duro que actúa sin ataduras, uno que no tiene miedo a enfrentar la migración indocumentada, sin respeto a límites ni ropajes políticamente correctos.
Hoy, Clarke prepara los últimos detalles para dar inicio a una guerra sin cuartel contra miles de migrantes mexicanos sin papeles, mediante la federalización de sus oficiales como agentes migratorios, en esencia, copiando las tácticas de terror y mano de hierro empleadas por Arpaio durante los años más agresivos de su mandato, cuando incontables familias fueron separadas y miles de personas enviadas a campos de detención en el desierto de Arizona.
"La comunidad está preocupada por lo que quiere hacer el sheriff en nuestra ciudad", advirtió Christine Neumann-Ortiz, directora de la ONG Voces de la Frontera. "Es como con Arizona. Clarke quiere sembrar miedo, quiere que te puedan detener en la calle si pareces indocumentado, haciendo perfil racial. Cualquier infracción puede terminar con la deportación de una persona".
La semana pasada, Clarke se convirtió en el primer alguacil de Estados Unidos en solicitar al gobierno de Donald Trump autorización para enrolar a sus agentes en el programa 287G del Departamento de Seguridad Interior, uno de sus más polémicos por incentivar a policías de a pie a convertirse en agentes improvisados de la migra, abriendo la vía a incidentes raciales.
"Estoy profundamente preocupado por las amenazas que representan los migrantes ilegales a la seguridad de los ciudadanos que residen en las 19 ciudades, pueblos y aldeas del condado de Milwaukee", argumentó Clarke, en una carta enviada al director del Buró de Aduanas y Control Migratorio (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan.
Si Trump da el visto bueno a la petición –algo que, se estima, sucederá en las próximas semanas–, los policías de Clarke se convertirían en oficiales honorarios de ICE, con el poder de organizar redadas y detener a indocumentados bajo cualquier sospecha.
Ese es el mismo programa que, hace unos años, convirtió a Phoenix y Maricopa en el epicentro de las medidas policíacas más duras de todo Estados Unidos, y que fue suspendido por el gobierno de Barack Obama por su continua violación a los derechos humanos de migrantes.
Si Washington decide dotar a un personaje como Clarke con armas migratorias, añadió Neumann, "hará lo mismo que Arpaio: poner barricadas alrededor de los barrios latinos, deteniendo a hispanos sólo por su apariencia e interrogándolos sobre su estatus migratorio".
Así, Clarke se apresta a revivir una política de terror 3 mil kilómetros al norte, en el seno de una comunidad migrante numerosa, principalmente de origen michoacano, donde hoy se respira un ambiente de temor –pero también de resistencia– ante lo que se avecina. Su argumento: los migrantes son criminales y como tales tienen que ser tratados.