Una de las consecuencias más notorias de la transición democrática fue la manera en que el pluralismo que caracteriza a la sociedad mexicana se manifestó en los distintos órganos representativos del Estado mexicano. Durante 21 años, el partido gobernante no contó con mayorías en las cámaras del Congreso de la Unión. El desafío a la gobernabilidad consistió en la construcción de acuerdos entre distintas fuerzas político-partidarias que permitiesen avanzar en el cumplimiento de los objetivos programáticos de los gobiernos en turno.
Ahora el desafío es muy distinto. El triunfo arrollador de López Obrador, contará con mayorías simples en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como con altas posibilidades de alcanzar la mayoría calificada para modificar la Constitución; para tal efecto, sólo requiere sumar unos cuantos diputados y senadores del PRI y el PRD, habida cuenta de que cuenta con mayoría en más de la mitad de los congresos estatales. En este nuevo marco, el punto clave de la gobernabilidad democrática no será la construcción de mayorías, sino en asegurar los equilibrios necesarios para evitar una excesiva concentración del poder en un presidente todopoderoso.
El régimen democrático presupone la división de poderes, la autonomía del legislativo y el judicial respecto al ejecutivo. El sistema de pesos y contrapesos es una premisa indispensable de la gobernabilidad democrática, ya sea en el contexto de los gobiernos minoritarios como en el de los gobiernos mayoritarios. El problema estriba en que la autonomía de los otros poderes se ve amenazada por el enorme poder que concentrará el titular del ejecutivo, sobre todo cuando las fuerzas de oposición se hallan debilitadas y fragmentadas.
La tarea urgente consiste en preservar las prácticas democráticas con miras a atenuar una excesiva concentración del poder. Y es de cara a esta necesidad que la sociedad civil debe responsablemente asumir su papel. Las diferentes expresiones de la sociedad organizada han dado cuenta fehaciente de su capacidad de propuesta, así como de su voluntad para incidir en las decisiones clave para la marcha del país. Ante la debilidad de la oposición, la ciudadanía organizada debe asumir su papel como actor político y, sobre todo, como mandante. Entre otras cosas, ello implica:
- Adoptar una postura desprejuiciada frente al nuevo gobierno y sus políticas, externando su apoyo a todo aquello que contribuya al bien común y expresando de manera clara su rechazo a aquellas decisiones que se consideren lesivas al interés general o que signifiquen un riesgo a la democracia.
- Abrir canales fluidos de diálogo con un universo amplio de actores que, desde luego, debe incluir al nuevo gobierno y a sus bancadas legislativas, a los partidos de oposición, así como a la academia, los medios de comunicación, las organizaciones empresariales y las iglesias.
- Reforzar su capacidad de análisis de la realidad y de formulación de propuestas viables, abrir y consolidar espacios que permitan la expresión de sus planteamientos en los medios de comunicación y construir alianzas con todos aquellos sectores que comulguen con los objetivos y las propuestas de la sociedad civil.
La tarea no es nada sencilla habida cuenta de la desconfianza que el virtual presidente electo ha manifestado tenerle a la sociedad civil. No obstante, hoy más que nunca, México requiere una ciudadanía exigente y responsable.
Mañana será otro día.