Estimados amigos, les compartimos esta quinta y última entrega de las 'Exigencias Ciudadanas' que dimos a conocer hace unos días, más de 30 organizaciones de la sociedad civil y que hicimos llegar a los partidos políticos y candidatos, para que fueran tomadas en cuenta, una vez que alguno de ellos alcance el poder.
Ahora presentamos y detallamos la exigencia sobre el Estado de derecho:
#Exigimos consolidar el sistema nacional anticorrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con una Fiscalía General de la República autónoma #FiscalQueSirva .
El Estado de derecho es fundamento incuestionable de todo orden social civilizado, sometido al imperio de normas claras y universales que ofrezcan al ciudadano la seguridad física y patrimonial y la certidumbre necesaria para el desempeño de sus actividades. No obstante, a lo largo de nuestra historia el Estado de derecho ha sido más la excepción que la regla. Una constante ha sido la aplicación sesgada y aun facciosa de la ley, al tiempo que, como consecuencia, la idea de respeto irrestricto a la ley no es lo suficientemente valorada y, en general, priva la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y de procurar, administrar e impartir justicia.
México requiere la suscripción de compromisos claros y verificables orientados a promover un sistema de seguridad y de justicia eficiente y al servicio de la ciudadanía. De manera prioritaria, es preciso avanzar en la implementación del sistema acusatorio, en la autonomía de las procuradurías y los ministerios públicos y en la profesionalización y en la depuración de las instancias encargadas de la seguridad, la procuración, la impartición y la administración de justicia. Es igualmente prioritario combatir la corrupción y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.
Las asignaturas pendientes en materia de Estado de derecho son enormes e involucran fenómenos tan diversos como los derechos humanos, la ubicuidad del fenómeno de la corrupción y, en especial, el alto nivel de impunidad imperante (en 2017 sólo tres países registraron peores resultados que México en este rubro). El avance de la conducta criminal representa una seria amenaza a la estabilidad social. Es un desafío no sólo en términos de seguridad pública, sino también de seguridad nacional, toda vez que dan cuenta de una preocupante captura de las instituciones y de la existencia de espacios del territorio nacional donde el Estado no ejerce de manera cabal su soberanía.
De cara a las serias deficiencias del sistema de procuración, impartición y administración de justicia, el mandato constitucional de transitar al sistema acusatorio, aunado a la reforma constitucional que estipula conversión de la PGR en una Fiscalía General autónoma, representan innovaciones institucionales positivas. No obstante, estos nuevos paradigmas enfrentan enormes desafíos técnicos y, sobre todo, socioculturales al inscribirse en un entorno caracterizado por el deterioro de los valores y de los lazos de cohesión social.
El círculo vicioso que conecta el deterioro de los valores con las debilidades del Estado de derecho debe ser roto y sustituido por la relación virtuosa y mutuamente reforzadora entre valores e imperio de la ley. Ello demanda de la autoridad suficiente voluntad política para erradicar la corrupción y abatir los índices de impunidad, pero también exige a todos los ciudadanos asumir un firme compromiso en materia de ética pública.
Para impulsar un auténtico Estado de derecho que sea la cristalización de la ética pública, deben atenderse las siguientes prioridades:
- Abatimiento de la violencia. Desplegar una estrategia integral de seguridad sustentada en la inteligencia y orientada a recuperar los territorios actualmente en manos del crimen, a depurar las instituciones (en especial los sistemas de seguridad y justicia) y a restablecer los lazos de la cohesión social.
- Sistema de justicia eficaz. Poner la justicia al alcance de todos los mexicanos y reducir los índices de impunidad mediante:
- la culminación exitosa del tránsito al sistema acusatorio y
- la puesta en operación de una Fiscalía General de la República autónoma #FiscalíaQueSirva
- Corrupción e impunidad. Con base en un Sistema Nacional Anticorrupción autónomo y técnicamente sólido, renovar los fundamentos éticos del orden social mediante la reducción a su mínima expresión los índices de impunidad y la erradicación de la corrupción como fenómeno sistémico.
- Participación ciudadana. Abrir espacios a la acción responsable y profesional de la ciudadanía mediante el reconocimiento de sus distintos órganos de monitoreo, evaluación y formulación de propuestas como instancias consultivas reconocidas.
Todo esto, sin duda, llevará también al fortalecimiento de nuestro país.
Mañana será otro día.
* Alberto Núñez Esteva es presidente de Sociedad en Movimiento .