Fue hasta los albores del siglo XX que apareció claramente la demanda de fijar un salario mínimo. El sindicalismo combativo, el incipiente movimiento feminista y los más variados grupos religiosos lo propusieron como forma de terminar con la explotación femenina e infantil. En México se inscribió en la Constitución de 1917, pero no se activó realmente hasta 1934. Más o menos en la misma época se estableció en Gran Bretaña y en Estados Unidos, aunque limitado a ciertas actividades. Fue en los sesenta que se extendió a otras; aún hoy, allá no opera en la agricultura o en la microempresa.
Para los economistas ortodoxos el salario mínimo siempre se ha visto como una interferencia en el sistema de precios del mercado laboral. La famosa curva de Laffer muestra una relación inversa entre las tasas de salarios y de empleos: subir artificialmente los primeros provoca la caída de los segundos y desata presiones inflacionarias. Sin embargo, en los setenta en Estados Unidos hubo simultáneamente alta inflación y fuerte desempleo. El economista Milton Friedman concluyó entonces que esa teoría sólo aplica en el corto plazo. Aunque se ha probado que, cuando hay flexibilidad laboral, los aumentos moderados tienen poco efecto en los niveles de ocupación. La controversia persiste.
El tema está demasiado politizado. Por la tajante oposición del Partido Republicano, el mínimo federal no se ha elevado desde 2009. Entre los demócratas no hay consenso; si lo acabaron incluyendo en su plataforma electoral de 2016 fue por la presión de Bernie Sanders. Sin embargo, a nivel estatal el panorama es diferente. Con excepción de Alabama, Lousiana, Mississippi y Tennessee, las legislaturas no sólo han autorizado pagos superiores al federal (7.25 dólares por hora), sino que en muchos casos han aprobado incrementos progresivos, hasta duplicar esa cantidad en 2021, y los han indexado a la inflación a partir de entonces. Muchas ciudades han decretado sus propios mínimos (San Francisco: 15 dólares), y aún dentro de ellas los hay más altos en los aeropuertos y hoteles. En resumen, luego de lustros de estancamiento, poco a poco los salarios están mejorando.
En realidad sólo unos tres millones de estadounidenses perciben el mínimo y hay muchos en la manufactura que reciben cuatro o cinco veces eso. Es el caso de los sectores que compiten con las importaciones extranjeras y en los que las organizaciones gremiales todavía son fuertes. Si de por sí se oponían a los acuerdos de libre comercio, ahora exigen que en ellos se incluyan provisiones que eliminen el diferencial salarial, al que consideran causante de que las corporaciones se lleven sus fábricas a otros países. Los sindicatos de las grandes automotrices en Canadá y Estados Unidos alegan que México tiene 45 por ciento de los trabajadores de la industria en la región, pero sólo produce 20 por ciento de los vehículos y apenas compra 8.0 por ciento. Aducen que mientras allá el salario base en las armadoras es de 28 dólares la hora; aquí es de seis dólares.
Renegociando el TLCAN
El gobierno de Estados Unidos ha colocado sobre la mesa dos propuestas. Una, que el salario mínimo de nuestro país se vaya emparejando paulatinamente con el de ellos. Nuestros negociadores la rechazan por considerar que es un asunto soberano y además porque, aunque deseable, no es factible en estos momentos ("aspiracional" la llamó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo).
La otra que plantean es que, en lugar de su exigencia inicial de asegurar 50 por ciento de contenido estadounidense en los vehículos, se considere ahora que al menos 40 por ciento de la producción regional de automóviles y camiones ligeros se complete en áreas que paguen de 16 a 19 dólares la hora y que esa cantidad se incremente anualmente de forma automática para absorber la pérdida de poder adquisitivo.
En ambos casos será difícil llegar a un acuerdo satisfactorio. Durante décadas, México ha seguido una política de contención salarial y no la puede cambiar de pronto, sobre todo cuando estamos observando un nivel de inflación de 6.3 por ciento, el más alto en ocho años y muy por arriba del objetivo del Banco de México (3.0 por ciento). Existe también una pobre vinculación con las universidades. En las plantas automotrices del Bajío y del norte abundan los ingenieros sobrecalificados para los puestos que ocupan. Si aceptan salarios reducidos es porque no encuentran ofertas mejores.