El nuevo aeropuerto no es lo único que estará en juego en la consulta del 25 al 28 de octubre; también estará a prueba la consulta misma como uno de los principios que guía al gobierno entrante, es decir, abrir espacios a la participación ciudadana que incidan de manera directa, efectiva, y acaso frecuente, en la política pública.
El principio es noble y democrático, pero esta primera consulta ya ha generado dudas entre algunos segmentos de la opinión pública. Los vaivenes en la metodología, la falta de claridad en los detalles, el hecho de que sea una consulta diseñada y regulada por el propio equipo de transición, son aspectos que se prestan a suspicacias. Aunque el presidente electo ha afirmado que no espera "mapaches", el formato podría prestarse a ello. No falta la actitud "sospechosista" que la vea como una consulta a modo. Pero la consulta va y hay que observarla como lo que es.
La consulta sobre el NAIM es un ejercicio político, una consulta informal a la que el presidente electo le dará el sentido que considere conveniente. Si decide hacerle caso es porque así lo ha prometido él, no porque esté obligado legalmente a hacerlo. Es más un compromiso moral que legal. Por ello, también está en juego la palabra del presidente electo. Se pone a prueba el principio de consultar a la gente de una manera creíble, que abone a la confianza en estos mecanismos como una vía honesta y efectiva para convocar a los ciudadanos a participar en las decisiones de gobierno.
La consulta sobre el NAIM no se hará (ni tampoco se tiene que hacer) por la vía de encuestas, y de hecho, bajo sus actuales características de abrir mesas de votación en un cierto número de municipios, los resultados de la consulta podrían discrepar de lo que han mostrado las encuestas públicas hasta ahora: un mayor apoyo a la continuidad del proyecto en Texcoco, por encima del propuesto cambio a Santa Lucía, la opción que apoya el presidente electo. No sería la primera vez que se diera esa posible discrepancia entre encuestas y consultas o plebiscitos.
Como jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador realizó varias consultas, entre ellas el plebiscito del segundo piso en Viaducto y Periférico, en 2002. En ese caso específico, el plebiscito contó con la intervención del Instituto Electoral del DF. Las encuestas que hicimos en ese entonces para el diario Reforma mostraban que el 43 por ciento la población adulta de la ciudad estaba de acuerdo con la construcción del segundo piso, mientras que el 52 por ciento estaba en desacuerdo. La mayoría de la población estaba en contra de los segundos pisos. Sin embargo, cuando se segmentaban los resultados entre los que tenían interés de votar en el plebiscito y los que no tenían interés, las preferencias de los interesados en votar eran 66 por ciento de acuerdo y 32 por ciento en desacuerdo (Reforma, 12 agosto 2002). Con esa consideración, la mayoría de los interesados en votar estaba a favor de la obra. Según los resultados reportados por el IEDF, la consulta tuvo 66 por ciento de votos por el "sí se construyan" y 34 por ciento por el "no se construyan". La segmentación de votantes probables en la encuesta dio al clavo con una exactitud impresionante, pero la lectura política es que la mayoría de los ciudadanos estaba en contra de la construcción. Se trataba de una mayoría silenciosa que no acudió a "votar".
En el caso de las encuestas que hemos hecho en El Financiero para esta consulta, esa diferencia entre población general e interesados en el tema no ocurre: la mayoría está a favor de Texcoco, y cuando segmentamos por interesados o votantes probables la preferencia por la actual construcción se confirma e incluso se amplía. En otras palabras, un plebiscito o consulta debería corroborar esa tendencia favorable a Texcoco.
Bajo las actuales características de la consulta, podría haber discrepancias. En lo que debemos fijarnos es en la integridad del proceso. Lo que estará a prueba en esta primera consulta no solamente es el aeropuerto, sino la viabilidad, la credibilidad y la efectividad de las consultas como un principio y una oportunidad para la participación ciudadana en el próximo gobierno. Sería un muy mal precedente que no resulte así.