Cierto, es inédita una consulta pública en temas que le corresponde al gobierno decidir, sobre todo si se abroga con ella las facultades constitucionales que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Absurdo e inconcebible que la administración que inicia el 1 de diciembre no asuma su responsabilidad sobre un tema que requiere la opinión de los expertos, así como de los organismos internacionales especializados en la materia, quienes por cierto se han pronunciado en favor del aeropuerto en Texcoco.
Así es, en un asunto de gran relevancia para la economía del país, López Obrador, en aras de impulsar un nuevo modelo de gobierno, decidió dar un tinte democrático, mediante la consulta popular, a la decisión más relevante del arranque de su sexenio.
Sin embargo, esta misma medida no la aplicará al Tren Maya, que ya de suyo representa severos daños a la selva del sureste y que exigirá más recursos públicos y privados que el propio nuevo aeropuerto.
En el fondo, lo que busca AMLO es que a través de la consulta popular, por cierto manipulable desde todos los sentidos, se avalen las acciones más relevantes que lleve a cabo en su sexenio, que pueden ir desde una eventual expropiación, hasta, por qué no decirlo, su misma reelección.
Este es el meollo del asunto, no es que quiera convertirse en el adalid de la democracia ni en el paladín de la justicia, lo que busca es perpetuar el proyecto político que encabeza.
Ante una sociedad civil desorganizada y no cohesionada, están los grupos clientelares afines de Morena y sus aliados políticos que apoyarán cualquier iniciativa presidencial por absurda que sea, así ocurrió cuando gobernó la Ciudad de México y así será en el futuro.
El problema será para el tabasqueño cuando verdaderamente la sociedad se levante en contra de esas medidas populistas y hegemónicas para mantener el poder.
Sobre el dilema que se plantea entre el aeropuerto de Texcoco y ahora ya no sólo Santa Lucía, sino también Toluca y el aeropuerto actual, las cosas no son tan sencillas en virtud de que hay una obra en proceso, que arrastra innumerables compromisos en cuanto a contratos con empresas nacionales e internacionales que llevan una parte ya invertida en el proyecto y otra comprometida para el futuro.
Si gana esta opción se cancelarán esos contratos y se tendrá que pagar indemnizaciones, que el presupuesto federal simplemente no resiste.
En esta decisión no sólo está en juego el destino del nuevo aeropuerto de Texcoco, sino la propia posición del gobierno mexicano ante los mercados e inversionistas extranjeros, quienes no se tentarán el corazón para buscar otros destinos a sus capitales, además de que al vulnerarse el Estado de derecho se manda una señal ominosa.
Ni el aeropuerto actual ni el de Toluca pueden satisfacer la demanda, sobre todo si consideramos que la saturación está a punto de colapsar la terminal aérea de la CDMX.
Durante la gestión de Peña Nieto, como gobernador de la entidad mexiquense, se amplió el aeropuerto de Toluca y se introdujeron nuevos vuelos nacionales e internacionales; sin embargo, a la larga resultó inviable y poco rentable en virtud de múltiples factores.
Cambios en San Luis Potosí
El gobernador Juan Manuel Carreras López relevó a Adrián Vázquez de la Coordinación de Comunicación Social por motivos de salud, en su lugar nombró a Raúl Camacho, quien se desempeñaba en la Fiscalía General del estado. Es un servidor público con perfil académico, eficiente y cercano al mandatario estatal.