Si como se dice, hoy en México se garantiza "una justicia pronta y expedita para todos", muy pronto ese dicho tendrá que llegar hasta los zapatos del candidato presidencial Ricardo Anaya, quien sigue arrastrando una serie de acusaciones por supuestos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias, entre otros, sin que a la fecha el imputado haya aclarado el asunto, ni ante la autoridad ni ante la opinión pública.
Lo sorprendente en este tema es que, aunque hay elementos públicos que hacen prefigurar la comisión de una falta de tipo penal, nadie se había tomado la molestia de demandar al exdirigente del Partido Acción Nacional, y ese era el argumento principal de la Procuraduría General de la República para no citar a comparecer al joven Anaya.
Lo curioso, aunque no extraño, es que tuvo que ser un militante panista quien se atrevió a levantar una denuncia contra el presidenciable por la presunción de que el queretano está implicado en operaciones inmobiliarias de las que se desprenden algunos actos ilícitos. De ahí que, a título personal, el también presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, Ernesto Cordero Arroyo, pidió a la autoridad investigar las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados por el acusado y su esposa.
El acusador argumenta que como elemento de prueba está la existencia de un video en el que un personaje de nombre Juan Barreiro, supuesto hermano del socio principal de Ricardo Anaya para hacer negocios y triangular dinero de dudosa procedencia en paraísos fiscales, relata de manera desparpajada que el aspirante a la silla de águila ha usado sus influencias políticas para beneficiarse económicamente, y que con esos dineros ha financiado la meteórica carrera política que hoy lo tiene al frente de la coalición "Por México al Frente".
En lo político, sobre Cordero Arroyo ya pesan calificativos de traidor y vendido, lo cual suena lógico si se analizan esas descalificaciones y se observa que estas provienen del grupo que encabeza al candidato que presenta como cartas credenciales el mote de Ricky, Riquín, Canallín.
Pero más allá de esa reacción contra el senador panista, cuya expulsión de las filas panistas pende de un hilo, el legislador puede pasar a la historia por haber llevado a la silla de los acusados a quien desde la silla presidencial pretendía evadir la ley, o bien quiso limpiar su imagen bajo el cobijo de una campaña política.
Es cierto, el candidato ha llegado hasta donde está protegido en la figura legal de la presunción de inocencia o alegando que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, pero a partir de la denuncia presentada por Cordero Arroyo todo indica que la suerte del presidenciable podría dar un giro de 180 grados, pasando muy pronto su estatus jurídico de candidato a presunto culpable.
En fin, han tenido que pasar dos años, después de que en todo el país se implementó el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para saber si es verdad que la justicia es expedita y para todos, hasta para un candidato presidencial, y de paso conoceremos el valor que un video puede tener como elemento de prueba en la comisión de un delito, porque si mal no recordamos la sociedad civil demandó un cambio de fondo en el andamiaje jurídico penal, y ese fue el motivo principal para cambiar y transformar leyes y procedimientos del pasado.
En ese cambio, hasta donde sabemos, los videos pueden ser parte relevante en un proceso acusatorio, y ahí radica precisamente la importancia de la demanda presentada por Cordero Arroyo.