La fórmula que en Querétaro aplicó el aspirante presidencial por la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, de "ganar-ganar" en la venta y adquisición de predios de utilidad pública, empieza a replicarse en algunas partes del país en un marco de negocios, donde lo característico es la irregularidad, las relaciones de poder y el beneficio personal en detrimento de las arcas estatales.
Resulta que en Durango, donde gobierna el expriista José Rosas Aispuro Torres, quien llegó a la gubernatura con el apoyo de los partidos PAN, PRD, Convergencia y PT, el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y expresidente de la Canaco (Cámara Nacional de Comercio), Jaime Mijares Salum, tiene serias acusaciones de una parte importante de la población duranguense, en el sentido de que ha aprovechado sus buenas relaciones con las autoridades estatales para hacer negocios.
A la fecha, uno de los mayores escándalos por el que está atravesando este empresario es por la adquisición irregular de un par de terrenos, en los cuales se ubicaban las instalaciones del DIF estatal, donde brindaban atención integral a las familias del estado y el Centro de Salud No. 1, el cual tuvo que ser reubicado a las afueras de las ciudad, provocando que los ciudadanos tengan que recorrer grandes distancias para recibir atención médica.
Ambos espacios de utilidad pública brindaban atención a miles de duranguenses en materia de salud y de servicio social, empero esto no importó para la voracidad empresarial de Mijares. No obstante que el inmueble se encontraba en excelentes condiciones y prestaban innumerables beneficios a la población duranguense en condiciones de vulnerabilidad, ello no importó para que el predio se vendiera y fuera adquirido en condiciones turbias, en 2013, dando fe de esa operación de compra-venta los señores Lucero González Hermosillo, en su calidad de representante del DIF, y Luis Alonso Pérez Barraza, representante de la Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander.
El 15 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial el decreto 455, en el que la Sexagésima Quinta Legislatura autorizó al DIF a desincorporar los 6,093 metros cuadrados del terreno. Dicha acción permitió edificar en el lugar el hotel Hampton Inn, y se sabe que el empresario hotelero Jaime Mijares Salum fue quien adquirió dicho terreno.
La información sigue dejando las mismas incógnitas, puesto que sólo se presenta la enajenación gratuita que se hizo del terreno, pero no se muestra cómo se realizó la venta y por qué, en cuánto se vendió, si hubo una subasta y en qué se aplicó el recurso público, si es que realmente se dio un pago por ese terreno.
Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración durante la administración 2010-2016, respondió que el terreno, localizado en Heroico Colegio Militar y calle Negrete, "fue una aportación de propiedad a título gratuito al grupo financiero Santander". Es decir, se ignora si fue vendido o no el predio, pero la realidad es que ahí se construyó el referido hotel y de todo ello ha tomado nota la contraloría estatal, pero todo ha quedado en simples observaciones.
Como podemos ver, el ejemplo y visión empresarial del candidato presidencial Ricardo Anaya empieza a dejar escuela en Durango, o al menos los datos que nos han aportado los duranguenses hablan de una nefasta coincidencia. Y muchos se preguntan, ¿y el neopanista gobernador?, pues al parecer en la nomenclatura lleva la penitencia.