El linchamiento que pretende hacer el nuevo gobierno contra el Poder Judicial no conviene a la vida democrática del país, a la gobernabilidad y al mismo Estado de derecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por sistema, agrede a quienes no comulgan con sus ideas, en lugar de, como jefe del Ejecutivo federal, tender puentes de entendimiento para zanjar diferencias y privilegiar las coincidencias.
Ayer tuvimos a la vista un comunicado dirigido a la opinión pública que da cuenta de la existencia de una campaña contra el Poder Judicial, al grado de quererlos quemar en leña verde. El tema salarial de los juzgadores del país ha dado como resultado que la actividad del Poder Judicial se vea inmersa en medio de falsos discursos, en los que intereses diversos los acusan de ser privilegiados o que viven de abusos al erario público, y hasta se les endosan salarios con "cantidades excesivas".
El linchamiento en nada ayuda a la consolidación de nuestro sistema político, sustentado en un régimen democrático que establece con claridad una división de poderes, y menos aún que uno de los poderes saque ventaja con campañas para silenciar o disminuir a otro.
Recientemente se han dado controversias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como la obligación de crear una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa; garantizar los derechos de personas del mismo sexo (al matrimonio y acceso a la seguridad social); la despenalización de la mariguana, sobre todo con fines científicos y medicinales; el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores del hogar, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, por mencionar sólo algunos temas. Y en ningún caso, a pesar de las diferencias, hubo una respuesta ni del Legislativo ni del Ejecutivo tan agresiva, con acusaciones desmedidas contra los representantes del Poder Judicial.
Todas esas resoluciones en su momento llamaron la atención de los mexicanos por su relevancia y posibilitan, en buena medida, la agenda de derechos humanos y equidad que impulsa el gobierno del presidente López Obrador, por lo que resulta extraño que, desde el mismo partido del presidente, se escuchen voces que acusan al Poder Judicial en el sentido de que "no han hecho nada por México".
¿Por qué impulsar una mala percepción del Poder Judicial? ¿Qué gana el nuevo gobierno con desprestigiarlo? Son las interrogantes que surgen cuando vemos una serie de declaraciones que hablan de que los jueces son "muy caros", e incluso en esta misma semana AMLO dijo que ganar 600 mil pesos es inmoral e incongruente, "sobre todo para quien dice impartir justicia".
No es casual entonces que el propio AMLO utilice una cifra falsa (la de los 600 mil pesos) para desprestigiar al Poder Judicial, pues basta echar una revisión al Diario Oficial para comprobar que, aun sumando aguinaldos y compensaciones, el sueldo de un ministro o consejero de la Judicatura es de 352 mil pesos. ¿Acaso estamos ante un intento de intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial?
Intromisión o no, lo cierto es que en los próximos días el titular del Ejecutivo federal presentará de manera formal una terna para cubrir una vacante en la SCJN, integrada por personajes cercanos a él (incluso militantes de Morena), y esa campaña de desprestigio desplegada en redes sociales e impulsada desde los otros dos poderes, hacen creíbles las versiones de que el nuevo gobierno intenta condicionar y controlar al único poder que no ganó en la elección de julio pasado. Pues sí, piensa mal…