Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para crear una comisión de la verdad, supervisado por algún organismo internacional, para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Interesante la propuesta, pero hay que tener cuidado de lo que se pide, porque una vez que se solicita que un ente extranjero no sólo investigue, sino que saque conclusiones públicas de qué fue lo que verdaderamente sucedió, muchos saldrán salpicados, incluyendo el mismo Andrés Manuel, sea o no el siguiente presidente de México.
Es por eso que gobiernos nacionales le rehúyen a pedir que comisiones de la verdad o apoyo internacional decanten verdades, porque rápidamente se pierde control sobre los resultados de lo que dirán los especialistas, que no pueden ser presionados tan fácilmente por el gobierno.
Y es que si se hace una comisión de la verdad, que sea toda la verdad, incluyendo quienes han apoyado, a través de los años, a personajes y políticos tan nefastos como José Luis Abarca y su esposa, sobre los que había cuestionamientos sobre sus ingresos y actividades antes de que él fuera electo presidente municipal de Iguala. Pero también había investigaciones sobre su participación en homicidios de compañeros perredistas que se quedaron en el tintero.
La comisión de la verdad tendría que apuntar a la responsabilidad política de quienes apoyaron a candidatos cuestionados.
Pero, ¿por qué no nombrar una comisión de la verdad en la que expertos extranjeros evalúen el trabajo de Nestora Salgado, excomandante de una policía comunitaria? Seguramente la primera observación sería que las policías comunitarias, sin supervisión de un ente nacional, no deben de promoverse en una democracia. Son demasiados los riesgos de abuso por los mismos comunitarios o alguna organización criminal.
Nestora no es una luchadora social ni una defensora de los derechos indígenas. No sabemos si es una secuestradora o criminal, porque eso lo tiene que decir un tribunal. Lo que sabemos es que es una excomandante de una policía comunitaria que llevó a cabo y supervisó actos que, de haber sido un secretario de Seguridad Pública, seguramente hubiera terminado en la cárcel, condenada por secuestro y delincuencia organizada. Si las acciones de Nestora se llevaran a un tribunal internacional, seguramente habría una denuncia en contra del Estado mexicano por permitir que policías comunitarias ejercieran sus funciones con flagrantes violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La seguridad es monopolio del Estado y no se puede delegar sin que tenga responsabilidad el gobierno nacional.
Y aunque al final del día no sea condenada por un tribunal, ya sea porque no es culpable o no hay pruebas suficientes, el hecho es que avalar la actuación de Nestora, ya sea por sus actos o por permitir que subalternos violen la ley y los derechos de los demás, no debe ser premiada con una senaduría. En un país donde se está tratando de crear policías municipales, estatales y federales que al ejercer su deber protejan los derechos humanos pero que también protejan a la comunidad, la presencia de Nestora en el Senado es un mensaje contundente: cada comunidad que se proteja como pueda.
Una solución sería que de condenarse a Nestora por algún delito, AMLO tendría el compromiso de que aceptaría la decisión del tribunal. Pero sospechamos que simple y llanamente llamaría a los jueces como miembros de la mafia del poder…
Ya que estamos tratando la 'AMLO-justicia', es importante saber si la magistrada Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación del candidato Andrés Manuel, concuerda con sus comentarios sobre sus excompañeros en la Suprema Corte, de que "no han hecho nada para México". Hugo Chávez, que primero amenazó y después revocó la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, viene a la mente. Por eso hay que pedir una comisión de la verdad o un ente internacional que ayude a proteger las instituciones básicas de este país: la independencia judicial y legislativa.
Sí, es buena idea la de traer una comisión de la verdad con observadores internacionales, para que también estén observando y reportando a la comunidad internacional lo que pasa en México en el siguiente sexenio. ¿Tendremos un presidente que proteja y promueva el Estado de derecho o AMLO-justicia?