Aunque el anuncio de la separación de familias que ingresaran sin documentos a Estados Unidos fue en abril pasado, el silencio y reacción del gobierno mexicano se rompió ayer. En una conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, trató de explicar la estrategia de México ante la detención, separación y encarcelación de niños y niñas mexicanos y centroamericanos.
Pero no convenció ni dio confianza de que el gobierno de México verdaderamente estaría tomando una posición contundente ante la tragedia de algunas familias mexicanas y cientos de centroamericanas.
El problema de Videgaray y del mismo presidente Peña Nieto es que los persigue el pecado original, que fue el error histórico de permitir que Donald Trump viniera a México como candidato a la presidencia, en agosto de 2016. El presidente Peña y su secretario Videgaray fueron de los primeros en aprender que cualquier acercamiento a Trump termina en traición y en enfrentamiento.
Mientras el secretario Videgaray hablaba durante la conferencia de prensa sobre los esfuerzos de México, incluyendo "exhortos" y "mecanismo de colaboración", y señalaba que son pocos los casos de niños mexicanos afectados y que su gobierno no promueve la inmigración ilegal, en Estados Unidos fueron trece senadores republicanos los que en una carta atacaron a Trump y su política de separación de familias, a la que calificaron como "inconsistente con nuestros valores y decencia humana". En tanto Videgaray aseguraba que tuvo conversaciones telefónicas en las que expresó su preocupación a su contraparte, el secretario Pompeo, y la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, en Estados Unidos 21 procuradores estatales enviaron una carta al procurador Jeff Sessions y a la secretaria Nielsen, en la que subrayaron que esta política es inhumana y la posibilidad de que se estén violando los derechos de los niños detenidos. Varios gobernadores estadounidenses han ordenado explícitamente que ningún miembro de sus guardias nacionales y ningún recurso del estado se usen para apoyar la decisión de implementar una política de tolerancia cero ante personas que entren sin documentos a Estados Unidos.
Por eso sorprende la mesura del lenguaje de Luis Videgaray al presentar la posición del gobierno de México, que en situaciones que tienen mucho menos impacto para el país ha lanzado ataques mucho más críticos. Por ejemplo, cómo olvidar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Cómo justificar el audio de una niña guatemalteca de cuatro años pidiendo a su papá, o la voz de una niña de seis años repitiendo sin cesar el teléfono de su tía para que la rescate de las jaulas. ¿Alguien puede no llorar al pensar que esas niñas ni siquiera pueden recibir el consuelo de sus captores, porque las reglas y procedimientos prohíben que se les toque o se les de consuelo a los niños 'detenidos' que no cometieron ningún delito? Y en un descuido, la encargada de implementar las vilezas de Trump ante migrantes documentados e indocumentados tendrá que buscar chamba, porque alguien tiene que ser el pararrayos de las locuras del emperador.
Trump es radioactivo, a lo que se acerca lo mata o destruye. Y esta realidad la está viviendo la secretaria Nielsen.
Y tal vez algunos republicanos están empezando a entender esta realidad.
Y obvio, ante los cuestionamientos y ataques que está recibiendo Trump en su país, ¿a quién busca culpar? A sus buenos amigos en México. El presidente Donald Trump, durante la reunión por el 75 aniversario de la Federación Nacional de Negocios Independientes, se volvió a quejar de México, al afirmar que "los traficantes de niños explotan los huecos y pueden entrar ilegalmente a Estados Unidos, poniendo a cantidades incontables de niños (sin sus padres) en peligro en camino a Estados Unidos. Ellos entran por México. México no hace nada por nosotros. Lo escucharon aquí: ellos no hacen nada por nosotros. Podrían detenerlos. Ellos tienen leyes muy, muy fuertes. Traten de quedarse en México por un par de días y vean cuánto les dura, ¿ok?"
O sea que la culpa de esta política de someter niños a torturas psicológicas ahora es del gobierno de México.
Ojalá que a nadie se le ocurra decir que la mesura del gobierno de México ante esta tragedia tiene que ver con las negociaciones del TLCAN. Si algo tenemos que entender es que el TLCAN ya no está en manos de los negociadores mexicanos, sino en la capacidad que tengan los afectados en Estados Unidos de presionar a Trump y su pandilla.
El gobierno tiene el problema del pecado original y lo tendrá hasta el 1 de diciembre. Y la historia lo recordará.