Fuerte el título de esta colaboración, pero creo que a mediano plazo la propuesta de la Guardia Nacional podría convertirse en una amenaza a los mismos principios que las Fuerzas Armadas han juramentado defender: la Constitución y la democracia.
Y quiero ser clara que cuando uso la palabra amenaza, no estoy refiriéndome a generales y almirantes. Tampoco critico la propuesta usando argumentos donde atacan la integridad, la honorabilidad y la capacidad de las Fuerzas Armadas mexicanas, que tuvieron que asumir una responsabilidad que nos les correspondía por el fracaso de las instituciones civiles en controlar organizaciones criminales. Y asumieron esta responsabilidad aumentando sus funciones, sin necesariamente una inyección importante de recursos, y sobre todo convirtiéndose en el chivo expiatorio de los fracasos por las debilidades institucionales de los civiles y la falta de una legislación que amparara sus funciones en el ámbito de seguridad pública.
De hecho, tengo que subrayar que ha sido un honor ser profesora por más de una década en el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Navales.
La preocupación es otra. Es peligrosísimo para cualquier democracia permitir que toda la capacidad bélica y de fuerza, la mayoría de tu inteligencia y la mayoría de tus elementos de fuerza, queden bajo el mando una secretaría y de una institución. Toda democracia saludable requiere pesos y contrapesos, especialmente en el marco del uso de la fuerza.
¿Se pueden imaginar cuál hubiera sido la reacción de la sociedad civil, de las ONG, de la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, OEA, etc., si el presidente Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hubieran enviado al Congreso la propuesta de la Guardia Nacional como está plasmada en la propuesta del presidente electo?
El grito y las protestas hubieran sido ensordecedores y jamás, pero jamás, hubieran permitido que se aprobara.
Pero porque la propuesta viene de Andrés Manuel López Obrador, por la credibilidad y el índice de apoyo que tiene en las encuestas y el electorado, parecería que el hecho de que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa tiene aceptación y no habrá ni impacto ni consecuencias políticas.
Pero para la democracia esto es grave. Y por más que se trate de justificar esta propuesta usando ejemplos internacionales, en ningún otro país se tiene adscrita toda la fuerza del Estado bajo una institución, con la excepción de Colombia.
Pero a largo plazo, esta propuesta también es dañina para la misma integridad de las Fuerzas Armadas y el papel que juegan en el ámbito de seguridad nacional. Por más separación jurídica y operacional que se quiera hacer entre las responsabilidades de seguridad pública de la Guardia Nacional y las responsabilidades ante amenazas de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas, con el tiempo estas funciones y responsabilidades se empezarán a contaminar las unas con las otras. Tendremos una Guardia Nacional militarizada y un Ejército con un perfil más de policía y menos de militar.
Y mezclar las culturas de seguridad nacional y de seguridad pública no sólo debilita la capacidad de las instituciones, sino que crea un verdadero limbo jurídico.
Ante amenazas extraordinarias, soluciones extraordinarias. Ante la violencia, la peligrosidad de las organizaciones criminales y el impacto en la población y en la economía del país, tal vez la única solución que podría tomar el presidente electo era crear una Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Pero debe de entenderse como una medida extraordinaria, de excepcionalidad, de emergencia. Nunca debe de considerarse la militarización de la seguridad pública como algo normal en una democracia.
La solución a este dilema sería tener un transitorio constitucional, donde se apoya la creación de la Guardia Nacional bajo la tutela de la Defensa por la situación extraordinaria que se vive en México. Pero este mismo transitorio también buscaría que el Estado mexicano tendría como meta que en cinco años la Guardia Nacional sería adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto le permitiría a la incipiente secretaría desarrollar los mecanismos para asumir la responsabilidad operativa de la Guardia Nacional, ahora sí como una entidad bajo el mando civil.
Toda la fuerza del Estado bajo una institución es demasiada tentación para la clase política y gobiernos en crisis. Nunca olvidemos la importancia de los pesos y contrapesos, aun en situaciones de amenazas contundentes a la seguridad de los ciudadanos.