Parte del debate que no se ha considerado en la tan esperada consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, tiene que ver con la seguridad nacional. Hay varias vertientes que analizar.
El futuro de la Base Aérea Militar de Santa Lucía también debería de estar en el radar de los analistas, si es que también esta consulta es una forma de reestructurar a las Fuerzas Armadas y el papel que juegan no sólo en la defensa nacional, sino en otros rubros fundamentales como protección civil.
Y es que se ha minimizado el papel estratégico y fundamental que juega la Base Aérea Militar más grande del país. "Desde esta base se llevan a cabo misiones de adiestramiento, de transporte, de auxilio a la población civil en caso de desastres con el Plan DN-III-E, operaciones logísticas, de vigilancia aérea y de apoyo a la seguridad pública", explicó el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, hace algunos meses.
En el caso de que el presidente electo decida por la opción de construir dos pistas más en Santa Lucía, no sería la primera vez que un aeropuerto civil comparta los mismos terrenos con una base militar. Pero la posibilidad de que surja conflictos es una realidad, en este caso qué intereses tendrán prioridad en el uso del aeropuerto –uso civil versus uso militar. No es inconcebible imaginar que, ante un desastre de gran magnitud, el uso exclusivo del aeropuerto tendría que ser para movilizar ayuda y personal (civil y militar) por horas, días o semanas, según las necesidades de la población. Otra consideración será cómo impactaría la capacitación y el vuelo de naves que son de uso exclusivo de la Fuerza Aérea por razones de seguridad nacional.
Hay razones por las cuales un país como México necesita una base aérea del tamaño y la magnitud de Santa Lucía. La pregunta es si Andrés Manuel López Obrador y su equipo han revisado la Agenda Nacional de Riesgos, y cómo podría impactar a la seguridad del país si se reduce la capacidad de vuelos y de movilidad de las Fuerzas Armadas por compartir un aeropuerto civil y una base aérea.
Pongo un ejemplo: AMLO ha decidido reclutar a 50 mil jóvenes para apoyar en la pacificación del país. Más allá de los problemas logísticos de reclutar y asegurar que los jóvenes que ingresan a esta nueva fuerza (¿Guardia Civil?) puedan cumplir con los requerimientos básicos y de probidad, la pregunta sería: ¿Tiene capacidad el país para movilizar a 50 mil efectivos más (sin importar que sean policías federales, soldados o marinos)? ¿No será que el país va a necesitar más pilotos y aeronaves para mover a tanto personal alrededor del país? ¿O piensan enviarlos marchando o en camiones o en buses? ¿No será que van a requerir de la capacidad de movilizar elementos desde Santa Lucía?
Lo que sorprende es que el presidente electo y su equipo, que tanto parecen buscar cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco desde que se anunció hace varios años, no hayan tenido listo sus estudios y sus argumentos que, francamente, parecen ocurrencias.
El gobierno entrante (y el saliente) no quieren reconocer que el país se encuentra en medio de una guerra de baja intensidad, donde el proceso de pacificación, por más efectivo que sea, tardará años. De hecho, tanta es la duda que ahora tiene el equipo de seguridad de AMLO de la capacidad de "pacificar" al país, que es un hecho que van a militarizar a 50 mil jóvenes para llevar a cabo esta tarea. En cualquier otro país, reclutar masivamente de esta forma es señal de que van a enfrentar una guerra, usando como escudo a los jóvenes mexicanos con una estrategia de fuerza bruta.
No sé en qué país se han reclutado a 50 mil jóvenes para pacificar. Es para ir a la guerra. Y si este es el caso, entonces tiene el nuevo gobierno que ir planeando cómo movilizar a su "ejercito" de paz.
Y vendiendo las aeronaves del Estado y reduciendo la capacidad de una de las bases aéreas del país, parece que no sería la idea más apropiada.
Con la seguridad nacional no se puede estar teniendo decisiones con base en ocurrencias. Eso puede costar muchas vidas.