Esta semana se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala. Y desafortunadamente parecería que más que definir a ciencia cierta dónde están sus hijos y castigar a los asesinos, el rumbo que está tomando la investigación resultará que muchos, sino todos los detenidos e investigados, serán liberados por falta de pruebas o por violación al debido proceso y sus derechos humanos, haciendo uso de la tortura y confesiones forzadas.
Después de cuatro años, y con 129 personas detenidas, si la PGR no ha podido terminar la investigación o asegurar condenas de por lo menos algunos de los detenidos, esto podría significar que esta masacre, al igual que otras en este país, podría quedar impune.
Hay muy pocos países en el mundo que tiene la capacidad de investigar crímenes atroces con tantos muertos. De hecho, el número de masacres y desaparecidos en México se asemeja más a lo que sucede en un país que vive una guerra civil (o algo similar) y en donde la comunidad internacional, con recursos y expertos y años más tarde, tiene que intervenir para identificar las víctimas, recabar pruebas, tratar de establecer posibles culpables y, si es posible, usar un tribunal internacional para condenar a funcionarios de un gobierno nacional o de un grupo armado.
Hago este comentario no para eximir las responsabilidades del gobierno federal de la incapacidad que tiene para investigar masacres. Pero en este caso en particular, la incapacidad y negligencia rayó casi en un aparente encubrimiento.
Y esto es lo que se tendrá que responder eventualmente: ¿En estos casos de masacres, fue incapaz el gobierno federal o estaba encubriendo?
Sin entrar en la controversia constitucional de si debe o no crearse una comisión de la verdad para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el problema fundamental parecería que para los proponentes la suposición es que el gobierno federal está encubriendo a alguien, a personas o instituciones, que podrían estar involucradas.
Así que, más que una comisión de la verdad, lo que se estaría buscando es un tribunal alterno para enjuiciar a instituciones y gobernantes.
Y en este caso se tendría que establecer que fue una política de Estado usar estrategias sistemáticas para asesinar y masacrar a la población por parte del gobierno.
Y esta perspectiva pondría de lado una realidad dolorosa en México: que en este país el crimen organizado, entre los más violentos del planeta, tiene control territorial sobre regiones completas del país, y por diversas razones nunca pudo el Estado desarrollar capacidades para enfrentar estas organizaciones, incluyendo el vínculo de estos con políticos y funcionarios locales y estatales.
También han surgido voces que exigen que se conformen "comisiones de la verdad" para resolver otras masacres, donde podría o no estar involucrado el gobierno.
Cualquier "comisión de la verdad" que se ha creado alrededor del mundo tiene características similares, según un documento de la PNUD: Complementariedad con la justicia penal, las comisiones de la verdad generalmente no son investigaciones judiciales y no determinan castigos. Generalmente tiene un enfoque en violaciones graves de los derechos humanos vinculado con actores gubernamentales. Manejan "grandes cantidades de información": según el documento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú reunió 17 mil testimonios durante su ejercicio de dos años, y la CVR de Sudáfrica recogió más de 22 mil testimonios en tres años.
Claramente no sólo los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa merecen saber la verdad sobre lo que les pasó a sus hijos, al igual de los miles y miles de familiares de víctimas de la violencia en este país. Pero también merecen justicia y no necesariamente encontrarán eso en una "comisión de la verdad", que probablemente resultará en subrayar la incapacidad y falta de voluntad política para resolver la violencia en México. Tal vez surjan, en algunos años, recomendaciones para prevenir masacres y cómo investigar estas atrocidades. Pero no necesariamente encontrarán las víctimas justicia.
Por eso es importante presionar a las autoridades federales y al nuevo gobierno para que establezcan cuáles van a ser sus lineamientos para continuar investigando, no sólo el caso de los 43 normalistas, y cómo proteger a la población de organizaciones altamente violentas.
Este tema lo abordaremos en 'Gabinete de Seguridad', este jueves 27 de septiembre, 21:30 horas en El Financiero/Bloomberg.