Antonio Cuellar

Candidatos y sus congresos

Por la relevancia de la función legislativa, ya es hora de que empecemos a pensar cómo podría gobernar nuestro candidato, por virtud de la relación que mantenga con su Congreso.

Una condición indispensable que todo elector debería conocer antes de emitir su voto, tiene que ver con el serio entendimiento del funcionamiento de un gobierno republicano; sobre la importancia que tiene la división de poderes y el ejercicio del poder público por autoridad competente.

Entre muchos otros mecanismos constitucionalmente concebidos para impedir el ejercicio arbitrario del poder público, nos encontramos el de la asignación compartida de los deberes gubernamentales: la función legislativa separada de la judicial, y ambas de la administrativa.

Esta elección entrante está dotada de una cualidad que poco vale la pena presumir: la demagogia y populismo; y los resultados podrían tener implicaciones mayúsculas en torno de la conservación o la modificación radical de nuestro andamiaje institucional en el ámbito político y de gobierno.

Un voto acertado tendría que ser un voto inteligente, en el que el ciudadano discurra en torno de la conveniencia de administrar su decisión, concediendo a un determinado partido su voto para el ejercicio de la función presidencial, pero beneficiando a otro, al que pueda asignar una tarea de control y equilibrio en la actividad legislativa. Es políticamente insano que el poder se concentre en una sola mano.

Al terminar el sexenio del presidente José López Portillo, uno enmarcado en los peores ejemplos de corrupción de los que nuestra historia pueda dar cuenta, tuvo la mala ocurrencia de 'nacionalizar' la banca. Fue un remedio demagógico para dar solución política a toda una administración de desenfrenos de su parte que dieron al traste con las finanzas públicas. En esa época, en la que la oposición era virtualmente inexistente, legisladores de ambas cámaras acompañaron los desvaríos del titular del Ejecutivo y procedieron a redactar las normas jurídicas y decretos que lo acompañaron. Todo el sexenio del presidente De la Madrid vivimos con ese mal experimento que produjo las peores tasas de inflación, pobreza y desempleo de la historia de México.

Hemos sido muy afortunados y la construcción de un modelo democrático en el que la Cámara goza de contrapesos adecuados ha impedido que situaciones así se repitan alguna vez. Sin embargo, el sistema no ha dejado de producir otro tipo de descalabros. La incomprensión del peso que tiene el Poder Legislativo en la función de gobierno puede producir una parálisis parlamentaria que entorpezca la conducción económica de México.

Durante los sexenios del presidente Vicente Fox y de Felipe Calderón, su permanente asedio en contra del PRI como partido de oposición impidió la construcción de cualquier diálogo que favoreciera la aprobación de reformas que devenían esenciales para la ignición de una economía activa y suficiente. El mediocre crecimiento económico reportado a lo largo de los últimos veinte años constituye una prueba fehaciente en este tema.

Lo único que no podrán reprochar sus peores detractores es que el presidente Peña tuvo el acierto de respetar a sus contrincantes partidistas, y de saber conducir un diálogo que permitió firmar el denominado Pacto por México; el magno acuerdo político que concretó un proceso reformador, que hace de nuestro país uno más competitivo y dinámico, en la senda del mejoramiento de las condiciones para la inversión del sector privado, un requisito indispensable para la generación de empleo y riqueza.

Viene la elección y debemos estar atentos a las cualidades de nuestros candidatos. Sin embargo, éstas por sí mismas no serán suficientes para anticipar un buen gobierno. ¿Cuál podría ser la relación de los tres punteros y el Poder Legislativo?

José Antonio Meade ha sido respetuoso en su trato con los partidos de oposición. Como exsecretario de una administración panista, siempre bien reconocido por su capacidad de dialogar y generar consensos, se posiciona como un presidente que tendría la posibilidad de construir acuerdos con su contrapeso, un Legislativo sanamente distribuido, en el marco de las reformas que produjo el Pacto por México.

Andrés Manuel López Obrador, de conservarse el diagnóstico y concretarse el sentido de las encuestas podría ser el más favorecido en su relación con el Poder Legislativo, pues eventualmente tendrá carro completo, y si no lo logra, tendrá la hegemonía suficiente para conseguir, por las vías políticas adecuadas, la concurrencia de los votos de oposición suficientes para impulsar su agenda. El grave problema que advertimos, sin embargo, es que se trata de un soberano Poder Ejecutivo de la Unión, del tipo de aquellos que imponen caprichosamente un punto de vista sin mirar consecuencias. Como eterno opositor del Pacto por México, ¿veremos la estatización de los sectores productivos del país? En ese y los demás casos necesitamos un Poder Legislativo que no sea obsecuente con los arrebatos de un presidente desenfrenado.

Ricardo Anaya comparte con el primero una visión de la economía y podría ser otro articulador de las reformas hasta ahora concretadas. Tendría, sin lugar a dudas, el motor y la decisión para presentar iniciativas que persiguieran concretar los procesos anticorrupción a los que tanto alude; sin embargo, es el que menos logrará materializar su plataforma de gobierno, por el desatino de su retórica, que dinamita cualquier vínculo con sus opositores alrededor de la función constitucionalmente encomendada al Congreso general.

Si el candidato de Por México al Frente llegara a ser presidente de la República, un grave problema que deberá enfrentar tiene que ver con el rompimiento del diálogo con el PRI y Morena, incluso desde ahora mismo. Se ha empecinado en adelantar que someterá al presidente y a miembros de su gabinete a una investigación, y acusa a AMLO de haberse coludido con empresarios en actos de corrupción, que nada le han agradado a quien hasta hoy lidera las encuestas. Al PAN, aún con la concurrencia del PRD y Movimiento Ciudadano, no le alcanzarían jamás los votos, ni siquiera para aprobar el Presupuesto.

Por la relevancia de la función legislativa, va siendo buena hora en que empecemos a pensar cómo podría gobernar nuestro candidato, por virtud de la relación que pueda llegar a mantener con su Congreso.

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