Cuando Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sugirió en el primer debate presidencial de este año que a quienes cometieran el delito de corrupción en el gobierno se les "mochara la mano", nadie lo tomó como una propuesta seria; no pasó de ser una puntada que alimentó las redes sociales, en las que se armaron e hicieron correr un sinfín de memes y caricaturas. La situación alarmante en que nos encontramos, es que hoy existe una propuesta de aplicar una castración química contra quienes cometen el delito de violación, y hay quienes con seriedad se suman a la idea. El castigo es tan grave e inconstitucional en un caso como en el otro y nadie está meditando lo que se discute.
No pretendemos en este artículo despertar un debate en torno de la penalidad que merecen violadores o pederastas, quienes en opinión de este articulista ocupan el lugar más bajo de la sociedad y a quienes debería aplicárseles el peor de los castigos que el legislador pueda concebir con racionalidad científica. Nuestra intención es realmente hacer ver cómo, en México, en una semana y media de gobierno, se está acabando la crítica social seria en contra de una multiplicidad de puntos que ocupan la agenda nacional, y no nos estamos dando cuenta de ello. Estamos superados por la gravedad de los que nos está sucediendo.
Una columna fundamental sobre la que descansa la fortaleza política de las propuestas que enarbola el Ejecutivo y Morena -su brazo articulador en el Palacio Legislativo federal- tiene que ver con el número de votantes que acudió a las urnas para cruzar la opción de ese partido opositor como nuevo encargado de la administración del gobierno. Nadie ha meditado realmente sobre la veracidad de ese postulado y su significado en la revolución que se quiere emprender.
Al enviarse la semana pasada la terna de ministros para cumplir la Constitución y suplir la vacante existente en la SCJN, por virtud del espacio que ha dejado desocupado el exministro José Ramón Cossío Díaz, quien terminó el periodo para el que fue designado, llamó la atención la sonoridad de la crítica expuesta contra el presidente, como también la posible carencia de votos suficientes para lograr llevar adelante su propuesta. Quizá en la elaboración de ésta no se tomó en cuenta el requisito de procedencia de la designación, que está vinculada a una votación calificada de los senadores.
El tema de la construcción de mayorías parlamentarias es el que provoca el efecto legitimador de toda propuesta discutida en el Legislativo, la validez política de las normas como reducto de la deliberación democrática, un instrumento de conformidad con el cual se va moldeando y consolidando nuestro país.
Las grandes decisiones requieren de la concurrencia de cuando menos dos terceras partes de la representación nacional sentada en el Poder Legislativo federal, y la mayoría de las legislaturas estatales, porque son aquellas que quedan plasmadas en el pacto federal, nuestra Constitución.
Presenciamos el arranque de un periodo de gobierno que tiene como ilógica consigna, la de terminar con todo aquello que fue concebido y construido durante la administración anterior. Es en esa medida que, al haber sido el vituperio y la profanación de la imagen presidencial el móvil que condujo al movimiento hasta la victoria, su aniquilamiento y entierro se convierten en un objetivo incuestionable, por costosa que sea la consecuencia, y por ridícula o exagerada que pueda ser la acusación, y graves o insignificantes los errores que se le atribuyan; (al mismo expresidente o a un secretario de Gobernación que permaneció ausente).
El problema es que el país no se puede reinventar cada seis años, y en ese afán, hoy los mexicanos no podemos olvidar de dónde provienen quienes impulsan esta nueva "transformación".
En la primera mitad del sexenio pasado se construyó un cambio que nos interesa a todos; porque la aprobación de las reformas de gran trascendencia constitucional, gozaron del voto concurrente del partido en el gobierno y, por lo menos, del voto de uno de los partidos de oposición, cuando no lo fueron de otros dos. La altisonancia y la retórica antisistémica que invadió al proceso provino de un movimiento que, en el Pleno, contaba con menos de medio centenar de votos.
Es verdad que la mayoría de los electores se decantaron en julio por el partido en el poder, pero eso no nos debe de alejar sobre el origen de la decisión: su hartazgo contra la corrupción engendrada en la cúpula de los dos partidos que en los periodos anteriores tuvieron la oportunidad de conducir a México. La autenticidad del reclamo contra el servidor público, no califica ni invalida el acierto de la resolución gubernativa.
La votación que acompaña y cobija las decisiones de este gobierno, no es suficiente ni alcanza para deslegitimar al acuerdo que se construyó por la mayoría de los partidos gobernantes que conformaron el Pacto por México, en las que se definió el rumbo en el sentido de la competitividad y el libro mercado en el que transita nuestro Estado. El resultado electoral no es suficiente para ocultar la responsabilidad política y legal en que incurre quien, con el supuesto ánimo de acabar con la corrupción, incumple compromisos contractuales de carácter oficial que acabarán por impactar tremendamente las finanzas públicas.
Los artículos 59, 60, 61 y 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establecen con toda claridad la procedencia de la destitución ante la Secretaría de la Función Pública, como del juicio político ante el Congreso general, en contra de todo servidor público que cometa el ilícito de incurrir recurrentemente en irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Dicha responsabilidad la puede fincar la Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar la Cuenta Pública y determinar cualquier tipo daño contra la hacienda pública federal, mediante denuncia que se haga valer ante ella.
Aún existiendo la mejor de las intenciones en conducir una administración marcada por la austeridad, el resultado frío y certero de las matemáticas no es equívoco cuando se trata de determinar las consecuencias económicas y financieras que produce el incumplimiento de cualquier compromiso internacional.
El ahorro entero que pudiera provenir de la disminución de sueldos de todos los integrantes de los poderes de la Unión, resultará incomparable y mínimo contra los daños que provocará… no el incumplimiento de los contratos para la adquisición del avión presidencial, o la terminación del Aeropuerto de Texcoco, o la construcción de refinerías obsoletas, sino la incertidumbre que todos los mensajes inconsistentes que lanza esta administración produce entre quienes sí tienen los recursos para emprender actividades productivas en México.
Aún estando a tiempo para rectificar el camino, hace falta un movimiento crítico serio, en el seno de la oposición, pero más en el corazón de Morena, que haga un contrapeso a las ocurrencias de quienes presentan las iniciativas que tan severo descarrilamiento puede ocasionar contra la economía.
Con el mejor ánimo de transformar a México y de poner al frente a quienes más lo necesitan, urge quien ataje el camino y de líneas de certeza a quienes aportarán el capital necesario para conservar el empleo. El progreso depende de la confianza, y ésta demanda certidumbre y ecuanimidad.