Después de la tempestad, en el caso de México, no llega la calma. Es verdad que la contundencia del triunfo no ha permitido desvarío alguno sobre el resultado de la elección, que produzca siquiera un asomo de temor por el que debamos estar nerviosos. La transición deberá darse ordenadamente, como no ha sucedido desde el año 2000 -pues en 2006 y en 2012 los fieles seguidores del futuro presidente de México arremetieron con tal carga contra el Congreso que se debió blindar para permitir que los entonces candidatos vencedores tomaran posesión protegidos por fuertes medidas de seguridad-; sin embargo, el problema podría llegar después.
En las redes sociales ya circulan mensajes con cierta preocupación por el enorme poder que se ha delegado a un presidente que, sin un auténtico contrapeso en el Congreso, podría transformar libre y discrecionalmente la estructura que soporta el sistema político democrático que nos ha permitido transitar hasta este mismo estado de desenvolvimiento plural, con paz y estabilidad.
Un mensaje de entre todos los que circulan que ha llamado nuestra atención acusa al PAN de haber renunciado a su vocación y principios, y haber permitido el crecimiento y arraigo de políticas públicas desde la Ciudad de México que atacan a la familia tradicional, a la vida y a la moral pública. ¿Es cierto que ha desaparecido la derecha en México?
Si el sistema de contrapesos fuera medianamente funcional, el debate político alrededor de temas como la despenalización de la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario o la adopción homoparental, por mencionar algunos con gran contenido moral, habría sido científicamente discutido en el Congreso o, llegado su momento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando dichas reformas fueron aprobadas, la Asamblea Legislativa se encontraba ocupada en forma preponderante por legisladores pertenecientes al PRD, hecho que desencadenó en que tales iniciativas no hayan enfrentado debate ni refutación real por parte de sus opositores. Desde ahí se impuso una visión 'moderna' de la familia que ha venido incrustándose en el subconsciente colectivo nacional; una agenda que hoy clama no sólo su aceptación, sino la imposición de un sentimiento de 'orgullo' que a una buena parte de la sociedad le parece inaceptable.
Cuando se plantearon los correspondientes juicios de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se esperó que la discusión de los asuntos se emprendería y decidiría, precisamente, tras una nutrida discusión entre los ministros, que arrojara un fallo con alto contenido científico, que hiciera referencia al sentido moral de la ley desde el que muchos mexicanos entendemos el principio de la vida, o los elementos tradicionales que deben o no conformar a la familia como núcleo de la sociedad, o sobre la trascendencia que llegue o no a tener para el desarrollo de las personas su pertenencia a un hogar formado por dos individuos de un mismo género.
Nos guste o no, las normas jurídicas son producto de una discusión parlamentaria en la que se sintetiza un sentimiento social y los mejores instrumentos para resolver los problemas de nuestra cotidianidad.
Por su proceso creativo y su función, esas normas gozan de un importante contenido moral.
Hoy vemos cómo el episodio que atravesó la Ciudad de México se ha trasladado al Congreso federal, en el que la agenda que deberá imponerse tendrá que ser la que se impulse desde la izquierda, representada por Movimiento Regeneración Nacional, sin lugar a dudas, la agenda liberal. El contenido moral del derecho se decidirá por el órgano político en el que esa corriente ha quedado representada con una hegemonía no vista sino hace muchas décadas, en una época de la historia que había quedado atrás.
Nuevamente debería corresponder a la Suprema Corte de Justicia servir como auténtico contrapeso de los excesos en que pudiera incurrir un presidente arropado con semejante fuerza política y capacidad de decisión; sin embargo, partiendo de las resoluciones ya dictadas por los ministros y analizando las circunstancias que atañen a su conformación y desenvolvimiento, podríamos suponer que esa misma visión liberal del derecho se podría llegar a perfeccionar.
Dos ministros están por concluir el periodo para el que fueron nombrados y vendrán a sustituirlos otros que designará el Senado, previa terna que envíe el titular del Ejecutivo. En los balances de la Suprema Corte de Justicia se antojaría perfectamente justificada la designación de nuevos integrantes con un perfil conservador, que aporten ideas útiles para el enriquecimiento de una discusión con una visión más nutrida del derecho; sin embargo, correspondiendo dichos nombramientos al presidente entrante, ¿podríamos realmente contar con ese entendimiento de su parte, sobre la importancia de la composición ideológica del máximo órgano de justicia e interpretación de la Constitución del país?
De continuar el acomodo de las piezas que representan a la nueva clase política por el mismo sendero dibujado desde la semana pasada, podríamos adelantar la conformación de una nueva Suprema Corte de Justicia de pensamiento tan o más liberal del que ha tenido durante los últimos años, un escenario que es lamentable para el derecho mexicano, no por el sentido en el que acaben por decidirse los temas que le competen, sino simple y sencillamente por la imposibilidad para que la visión del derecho se contraste y se confronte ante la muy variada lectura de la ley y de la realidad social en la que aquella debió inspirarse.
El correo que se comparte en el que se encienden los focos rojos por la desaparición de la derecha tiene un punto crítico y cierto de razón. Se ha roto la balanza y el gran peso del liberalismo de izquierdas vendrá a conformar una nueva realidad social, un nuevo contenido moral de la ley que acabará por moldear la vida de México.