A lo largo de diez meses entre 1999 y 2000, la UNAM estuvo cerrada por virtud de una 'huelga estudiantil' que logró impedir el cobro de cuotas por inscripciones y servicios universitarios, sobre el principio de la educación universitaria gratuita. Cientos de miles de estudiantes permanecieron inertes, sin clases ni ocupación, a la suerte de lo que decidiera el Consejo General de Huelga liderado por Alejandro Echavarría, El Mosh. Los gobiernos federal y local se mantuvieron al margen del conflicto en aras de respetar la 'autonomía universitaria', decisión que impactó negativamente en la percepción generalizada de la ciudadanía con relación a la propia Universidad y sus egresados, incluso a nivel global.
A lo largo de los últimos meses hemos sido informados sobre hechos delictivos ocurridos en Ciudad Universitaria, entre feminicidios derivados de riñas de pareja gravemente alcoholizados, en mayo de 2017, hasta violaciones y otros más graves aún, como el asesinato de dos personas el 23 de febrero pasado por virtud de riñas derivadas de un conflicto entre narcomenudistas.
El domingo pasado apareció publicado en la pizarra del Estadio Olímpico Universitario, en el juego entre Chivas y Pumas, el letrero "¡Fuera narcos de la UNAM!", supuestamente derivado de una orden girada por el mismo equipo local. El anuncio evidencia una grave problemática que se ha desbordado y ha dado lugar a un posicionamiento desmedido del propio rector, que ha expresado su oposición para que la Policía o las Fuerzas Armadas ingresen a la Ciudad Universitaria.
La tutela de la 'autonomía universitaria' ha llegado ya demasiado lejos y ha dado pie a la creación de una zona de impunidad e inobservancia del derecho, que la convierte en un auténtico santuario para la realización de actividades criminales. No sólo constituye una realidad chocante con relación al interés primario de toda institución universitaria en la que se enseña la carrera de Derecho, en el sentido de pugnar por la puntual observancia de la ley, incluso por medios coactivos, sino que además se instituye como una verdadera amenaza que late contra la seguridad de quienes acuden a trabajar o tener clases en la Universidad Nacional, y una irregularidad que estigmatiza en forma trascendente a quienes se gradúan de la propia institución, que por tales circunstancias se distingue con relación al resto de las universidades del país y del mundo entero.
La UNAM es un organismo descentralizado federal y, por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto por la Ley Federal de la Administración Pública Federal, es una rama paraestatal del gobierno federal que depende del Poder Ejecutivo de la Unión. Si bien es cierto que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, y está dotada de plena autonomía para el cumplimiento del fin legal para el que fue creada, estos no la convierten en un órgano soberano ajeno al Estado mexicano, sino todo lo contrario, en un auténtico agente de la administración al que la Constitución le impone una observancia más estricta y rigurosa del Derecho.
La consumación de un delito debe dar lugar a la investigación, a su persecución por parte del Ministerio Público, y a su castigo por parte del Poder Judicial. La conservación de la paz y el orden público por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en el interior de la Ciudad Universitaria, no contradice ni se opone a la autonomía universitaria, pues no interfiere con la labor educativa, administrativa ni de convivencia estudiantil que en cada uno de sus departamentos y aulas se lleva a cabo.
El crecimiento de la delincuencia en el interior de la UNAM arroja ya un saldo suficientemente negativo, que debe motivar a la discusión seria y objetiva sobre cuál debe ser la vocación y esmero que debe empeñar la Rectoría para proteger el valor superior de sus estudiantes: su propia seguridad, por una parte, y el prestigio de sus aulas de estudio, sobre las cuales se edifica una trayectoria profesional exitosa a favor de sus egresados.
El celo inherente a su autonomía y a la sana distancia que debe conservar la propia Universidad con relación a todos los factores de poder, la que, dicho sea de paso, se transfiguró hace muchos años, constituyen una premisa histórica que ha quedado superada y que se sitúa, por su cualidad administrativa, en un escalón inferior al primero señalado.
No es concebible ni aceptable que, ante la evidencia contundente de una balacera ocurrida entre bandas dedicadas al narcomenudeo, se vuelva a traer a colación la discusión relativa a si la Policía puede o no entrar a CU, para cumplir un imperativo categórico que la propia Constitución le impone. Eso no tiene nada que ver con la autonomía universitaria, para los efectos académicos para los que fue ideada.
Otro sí, digo
La legislación electoral concede atribuciones contundentes al INE y al TRIFE para prevenir y sancionar la divulgación de información que, por la falsedad de su contenido o falta de equilibrio y oportunidad en sus tiempos, perturbe la ecuanimidad y objetividad del proceso electoral. Se trata de una defensa a ultranza de nuestro sistema democrático electoral.
Ante tan relevantes noticias y fehacientes muestras de manipulación de la información a través de las redes sociales, como las que se dan a conocer en EU con motivo de la fabricación de slogans negativos atribuidos a supuestas organizaciones rusas; y ante la medición tan palpable y evidente del impacto comunicativo que tienen las nuevas plataformas de la información entre la ciudadanía con edad para votar, ¿qué interpretación se debe conceder a la ley, a efecto de permitir la más urgente y necesaria intervención del gobierno que sirva para evitar el fenómeno disruptivo o para compensar sus efectos?