Antonio Cuellar

Sobre cine y otros cambios impostergables

México está cambiando, pero se está dejando de lado el análisis de cuestiones fundamentales que incluso superan temas como corrupción y seguridad.

Según estadísticas de la Motion Picture Association of America, en los Estados Unidos, la industria fílmica y de televisión genera una economía anual de aproximadamente 43 mil millones de dólares, que emplea a cerca de 2.1 millones de personas y ofrece ingresos a cerca de 300 mil empresas, de las que el 87 por ciento son pequeñas compañías con un número inferior a 10 trabajadores.

Una visión productiva y competitiva de dicha industria por parte del sector público, ha llevado a que los estados que conforman la Unión Americana ofrezcan incentivos fiscales, a través de los cuales se motiva a los productores a rodar sus obras cinematográficas en una entidad, por oposición a otras, lo que genera un entorno de competencia que incentiva la producción fílmica.

Algunos investigadores cuestionan la efectividad de las políticas fiscales ofrecidas por los estados para atraer a las grandes compañías cinematográficas, como consecuencia del bajo retorno y la costosa inversión. Los empleos generados por esas compañías favorecen normalmente a residentes de otros estados, y las ocupaciones residuales regularmente de baja calidad; en contraste, la pérdida fiscal reflejada es proporcionalmente alto, en comparación con las oportunidades de inversión de recursos públicos finalmente no recibidos.

En México no existe una regulación de ese tipo. Más bien, a través de la ley se aprueban recursos presupuestales dirigidos a subsidiar a la industria fílmica, así como obligaciones impuestas a cargo de los exhibidores para dar cabida a un porcentaje mínimo de producción nacional en las propias salas, a la par de las extranjeras.

En una conferencia ofrecida por Guillermo del Toro el sábado pasado, éste impulsó a los jóvenes mexicanos a desarrollar su talento, a enfrentar las adversidades y a salir adelante. Como colofón, sin embargo, agregó que los cineastas mexicanos no pueden esperar a que el gobierno llegue a rescatarlos, porque primero llegaría Kalimán.

No puede dejar de reconocerse el altísimo valor que este productor y todos los que han obtenido un Oscar le conceden a nuestra nación entera, que a través de ellos se ve positivamente representada en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, en donde normalmente se nos valora poco, y se nos coloca en una categoría ciudadana inferior. Su esfuerzo, su talento y vocación son ejemplares.

Todos los aspectos de su discurso dirigidos a motivar a los jóvenes que miran en la industria de la pantalla grande un camino de desenvolvimiento personal son invaluables, y en ese sentido emprendedor, deben de tomarse al pie de la letra.

Me llamó la atención, sin embargo, el colofón, la permanente queja en contra del quehacer gubernamental y la falta de apoyo a quienes se dedican al cine. ¿Es cierta la falta? ¿Es justa y oportuna la llamada de atención? ¿Es legítimo el reclamo por parte de quien proviene? ¿Es auténtica la obligación oficial?

La industria del cine mexicano ha tenido épocas de oro, una etapa de oscurantismo y un renacimiento. Hoy, el cine nacional ha resurgido con fervor y ofrece oportunidades a quienes participan en él, no sin dificultades, pero en una forma similar a la que todas las actividades económicas que se realizan en el país o inclusive, más allá de sus fronteras, deben sortear. Nuestro país es un exportador líder de contenido audiovisual en idioma castellano, en cine y televisión.

Nos parece descabellado que en todo momento aparezca, siempre presente, esa idea muy arraigada y mal concebida, de que todo mexicano tiene el derecho para exigir del aparato de gobierno el pago de una subvención, o de suponer que el éxito o fracaso de las personas está íntimamente ligado a una acción u omisión gubernamental.

Si existe una legitimación de los trabajadores del cine para exigir dinero para hacer su trabajo, ¿acaso no existiría entonces, también, para un dentista, un ingeniero o un abogado? Los recursos públicos deben tener un destino de interés común, y sólo de manera excepcional deben destinarse para el beneficio de individuos en lo particular.

Este martes apareció publicada una nota en la que se habla de directrices que propone José Ángel Gurría, desde la presidencia de la OCDE, para la construcción de un nuevo modelo económico. Llama al abandono del paternalismo gubernamental y a la consolidación de un nuevo proceso de reformas estructurales, que permitan la construcción de una economía basada en leyes que establezcan un cimiento sólido, sobre el que se edifiquen instituciones que trasciendan e impulsen y fomenten la competitividad, en forma igualitaria y democrática.

Los dos discursos pronunciados ocurren en un momento histórico en el que el entendimiento de cada paradigma deviene crítico y fundamental, ya que dibujan de manera cristalina los dos proyectos de país que tiene ante sí el electorado: el modelo asistencialista de la izquierda, o el modelo liberal de la derecha.

En las discusiones domingueras con amigos y familia, no dejo de escuchar una crítica permanente en contra del gobierno, que encuentra en la corrupción y la inseguridad un cómodo cobijo para sustentar un voto de rechazo y repudio en contra del sistema.

Sin dejar de compartir el mismo sentimiento de disgusto en contra de actos de corrupción que visiblemente han dañado la credibilidad de las instituciones, o en contra del flagelo de la inseguridad que nos ha privado de libertad, nuestra inquietud se gesta más allá del resguardo en la barrera. Tenemos una alta responsabilidad y la tarea de analizar y juzgar la oferta de los candidatos, tanto en función de sus capacidades personales, como de la viabilidad y objetividad de los ofrecimientos que cada uno enarbola.

Además de la aprobación de sanciones ejemplares que hayan de aplicarse en contra de servidores deshonestos, o estrategias para impedir el uso de armas e inhibir el consumo de estupefacientes, que cualquiera que llegue a la presidencia deberá atender, ¿acaso los cineastas no necesitarán de un marco jurídico contractual en materia de comercio que impulse su asociación creativa?, ¿acaso voltearán en algún momento a fijarse en la protección intelectual que ofrece la legislación en materia autoral vigente?, ¿acaso se preocuparán de juzgar si el régimen fiscal que se apruebe, llega o no a ser eficiente, para conducir simultáneamente a una sana recaudación y al pago de servicios públicos que serán imprescindibles para cumplir sus anhelos profesionales?

La deliberación electoral está quedando muy corta entre la ciudadanía, en la medida en la que el debate entre candidatos está empeñado en subrayar equivocaciones y pillerías cometidas por militantes partidistas por igual. Se está dejando a un lado el análisis de las cuestiones fundamentales que superan los temas de corrupción y seguridad.

México está cambiando, y el sentido de esa transformación debe llevarnos a dejar a un lado la mala costumbre de estirar la mano.

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