Es frecuente que en las campañas políticas los diferentes candidatos ofrezcan una gran cantidad de promesas a los distintos electores. Por un lado, unos dicen que habrá medicinas y servicios médicos gratis para todos, otros prometen seguridad pública y acceso a educación gratuita para todo aquel que le dé su voto, mientras aquel otro asegura que habrá pensiones elevadas para adultos mayores cada vez más jóvenes por lo que las campañas se vuelven una competencia de promesas.
Sin embargo, pocos nos dicen cómo se obtendrán los ingresos adicionales que se requieren para poder cumplir todas esas promesas. Algunos manejan el argumento de que se eliminará la corrupción, lo cual se ha demostrado a lo largo de los años que no sucede, mientras que otros aseguran que no habrá aumentos de impuestos o de precios, lo que tampoco es cierto.
Por lo anterior queda claro que el próximo gobierno tendrá que enfrentar el problema del llamado ‘déficit fiscal estructural’, como el que ha tenido Argentina en las últimas décadas. Este consiste en que algunos gobiernos adquieren compromisos de gastos permanentes, como está sucediendo en México en este momento, sin definir ni tener claro de dónde se obtendrán los ingresos correspondientes para poder enfrentar estas promesas adicionales. Los compromisos de las campañas se vuelven obligaciones futuras que no se pueden cambiar de manera fácil, por la manera en que modifican el funcionamiento de las economías. El resultado es el tener consistentemente un déficit a lo largo de los siguientes años. Esta situación se tuvo en nuestro país en la década de los 70 y los 80 y tardó varios años para revertirla.
La situación en México se agrava por la condición de la principal fuente de ingresos que tenía el sector público, que era Pemex. Su caída en producción, así como sus pérdidas recurrentes y su mayor endeudamiento han hecho que esta empresa haya dejado de ser un activo del gobierno para volverse un pasivo que hay que mantener.
Por otro lado, la disminución del crecimiento en México se refleja en menores ingresos relativos para el gobierno. La inversión y el PIB per cápita actuales son menores que en el año de 2018, lo cual provoca presiones fuertes en las finanzas públicas. El déficit fiscal pudo ser manejado en los últimos años por el actual gobierno debido a la inercia y a los ahorros de los años anteriores, pero los mismos ya no existen. El déficit previsto para este año cercano al 6 por ciento del PIB parece manejable, pero hay que estar conscientes que ya representa el 20 por ciento del gasto público y la cuarta parte de los ingresos del gobierno, porcentajes que son elevados a nivel internacional.
La salida a este difícil entorno es lograr un mayor crecimiento económico, con lo cual se lograría que las empresas paguen más impuestos. Además, generarían una mayor cantidad de empleos, con lo cual el gobierno obtendría más ingresos porque los trabajadores y empleados adicionales también pagarían impuestos al consumo y al ingreso.
La historia y los ejemplos internacionales nos demuestran que la única manera de obtener mayor crecimiento económico es a través de un incremento en la inversión productiva. Proyectos faraónicos sin correcta evaluación no deberían ser considerados inversiones, sino que deberían ser clasificados como consumo. La inversión es aquel gasto que genera a su vez mayores ingresos en el futuro.
Los distintos países que han logrado un incremento importante en su crecimiento y en el ingreso nacional se han apoyado en la inversión productiva y en el sistema de precios como asignador de recursos. Por su parte, la inversión pública se asigna por medio de estudios de factibilidad, autorizados por comités o consejos independientes, como sucedía en Chile. Por otro lado, los remanentes de las empresas públicas se canalizan a fondos soberanos, como sucede en Noruega, en lugar de que se pierdan en proyectos sin rentabilidad social. Soluciones hay, pero se necesita voluntad política y apoyo social para llevarlas al cabo.