Al finalizar la ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), celebrada en Montreal el pasado 29 de enero, los representantes de Canadá, Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo en lo esencial sobre un capítulo anticorrupción. El anuncio sobre la inclusión de un capítulo anticorrupción a propuesta de México, ha sido bien recibido por Estados Unidos y Canadá, y particularmente por la comunidad de negocios en México.
A diferencia del Tratado Transpacífico (TPP) que incluye un vasto capítulo anticorrupción –el capítulo 26 concretamente–, en su versión original el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, no incluyó algo parecido. Es interesante ver cómo los tratados sobre comercio en la actualidad tienden a contemplar mecanismos anticorrupción. Cuando la mayoría de los países teníamos economías cerradas, la corrupción de cada uno era un asunto doméstico que no involucraba ni interesaba a los demás; con la integración comercial, la corrupción de cada país ya no es un tema doméstico, se vuelve un tema de interés global, que afecta a las empresas e intereses de socios comerciales.
México es el único de los tres países que necesita demostrar que tiene voluntad de combatir la corrupción. En 2017, México obtuvo en el Índice de Percepciones de Corrupción, de Transparencia Internacional, una calificación de 29/100 y se encuentra en el lugar 135 de los 180 países evaluados, detrás de Canadá y Estados Unidos –sobra decirlo–, pero vergonzosamente también estamos peor calificados que países como Sierra Leona, Ucrania, Sudáfrica, China, Brasil, Argentina y un larguísimo etcétera. México además es el país peor ubicado en la lista de los países miembros de la OCDE. Ni siquiera la llegada de Colombia este año a la OCDE nos salva de estar en el último lugar.
México también tiene un pésimo récord en la implementación de la Convención Anticohecho de la OCDE. De 1999 a 2016, bajo el mecanismo que contempla la Convención, han sido sancionados 443 personas y 125 han ido a la cárcel, y se han reportado al grupo de trabajo que da seguimiento a su cumplimiento más de 500 investigaciones emprendidas en 11 países, una gran parte de ellas reportadas por Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. México ha reportado cero acciones en todas las variables de seguimiento de la convención: cero personas sancionadas, cero investigaciones. Al mismo tiempo, un buen número de mexicanos han sido investigados y sancionados por las autoridades de Estados Unidos, en especial por la Securities and Exchange Commission (SEC), por caer en conductas sancionadas por la Convención y/o por la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Si bien no hay mucha información oficial sobre los detalles específicos del capítulo anticorrupción que se propone para esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se habla de que establecerán medidas aún más duras que las que contempla el propio TPP y que las controversias relacionadas con corrupción se resolverán bajo un mecanismo específico. También se habla de una reclasificación de los crímenes y faltas administrativas relacionadas con actos de corrupción, de acciones para promover la integridad en el servicio público, el endurecimiento de medidas sobre la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción y mejores protocolos de cooperación en el combate contra la corrupción entre los tres países.
El interés de Canadá y Estados Unidos de contar con un capítulo anticorrupción en el Tratado tiene que ver con la protección de sus empresas ante posibles casos de corrupción, prevenir el soborno de servidores públicos de otros países y fortalecer el debido proceso en la investigación de casos que contribuya positivamente a la resolución de controversias. Ambos países tienen claro que el mejor ambiente de negocios para sus empresas en el entorno internacional, es aquel en el que se cumplen las leyes.
México también tiene un interés en fortalecer los mecanismos de prevención y combate anticorrupción, y por eso es muy positivo que la propuesta de un capítulo anticorrupción en el Tratado sea nuestra. La corrupción ahuyenta las inversiones y quienes invierten toman en cuenta el nivel de corrupción de un país como elemento definitivo para tomar decisiones. ¿Por qué un inversionista habría de venir a México y no a otro país con un potencial de mercado parecido pero con menor corrupción?
Los mecanismos internacionales anticorrupción, como las convenciones y los tratados, son particularmente importantes para México, no solamente por el potencial que tienen de ser un elemento detonante de la inversión. Puesto que son acuerdos suscritos por el Estado mexicano, estos convenios y tratados también ayudan a resolver discrepancias políticas al interior de nuestro país sobre el rumbo de la política anticorrupción. En los últimos tres años, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, hemos tratado de crear un mecanismo que impulse la conformación de una agenda de Estado, que escape a la negociación política e intereses de corto plazo entre partidos. Las convenciones internacionales anticorrupción y lo que se negocie finalmente en el Tratado de Libre Comercio, son un buen inicio para delinear esta política.