Durante la campaña presidencial, los contendientes políticos y críticos de Andrés Manuel López Obrador le reprocharon la superficialidad de su propuesta de combate a la corrupción, que en entrevistas, spots de campaña y participaciones en debates se resumía a una declaración que se antojaba voluntarista, ingenua y de improbable realización: si él se comporta con honestidad como Presidente, los demás servidores públicos seguirán su ejemplo y, en consecuencia, se terminará la corrupción.
Si tomamos esa declaración de forma aislada, entonces los críticos de AMLO no se equivocaron en su apreciación, pues sin duda se necesita más que dar un buen ejemplo para controlar un problema tan complejo como es la corrupción. Sin embargo, hay dos aspectos de esa famosa declaración que merecen ser revisados, fuera del contexto polemizante de las campañas electorales.
En primer lugar, en un sentido López Obrador tiene razón: el ejemplo de los líderes políticos es un elemento indispensable para cimentar una política integral y efectiva de control de la corrupción. Robert Rotberg, uno de los más respetados expertos en corrupción, en su libro The Corruption Cure (2017) propone un plan de diez pasos para combatir la corrupción en el que subraya la importancia del liderazgo político de los gobernantes para encabezar un cambio real, y pone como ejemplo a Lee Kwan Yew, quien logró reducir dramáticamente la corrupción en Singapur, en gran parte, dando un ejemplo espartano de moderación y disciplina. El liderazgo, pues, es indispensable para combatir la corrupción, pero no es suficiente. Se requiere un cambio de cultura y de valores en el servicio público; se necesita también de un conjunto de políticas públicas y de propuestas legislativas que le den sentido y orientación a ese liderazgo y lo conviertan en una realidad.
En segundo lugar, esa declaración no se daba en el vacío: había un conjunto de seis propuestas de combate a la corrupción de Morena presentado el 20 de noviembre de 2017 en el documento "Proyecto de Nación 2018-2024": promover la austeridad republicana, acabar con los conflictos de intereses, un programa anticorrupción específico para los sectores fiscal y financiero, mayores controles y transparencia en investigaciones que involucren a empresas investigadas por corrupción, y en quinto y sexto lugar, propuestas relacionadas con licitaciones y contrataciones públicas, entre las cuales destacan la prohibición de adjudicaciones directas y la transformación del sistema Compranet. Además de esas propuestas, en el capítulo sobre Impartición de Justicia se plantea hacer de la corrupción un delito grave, sin derecho a fianza.
Habría que sumar a estas seis propuestas algunos de los puntos presentados por AMLO tras la elección a mediados de julio pasado, en los "50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana". Entre las propuestas de control de la corrupción de esos lineamientos están la de poder juzgar al presidente de la República en funciones por corrupción, el hacer de la corrupción un delito grave, la eliminación del fuero, la obligación de los servidores públicos de presentar declaración de bienes patrimoniales, la prohibición del nepotismo, la obligación de licitar la obra pública, la prohibición a servidores públicos de recibir regalos, dar preferencia en licitaciones internacionales a empresas de países con gobiernos honestos y hacer una revisión de los contratos ya suscritos por el gobierno para identificar posible corrupción. Entre las 14 prioridades legislativas que AMLO envió a los legisladores electos de Morena, también se encuentra la de modificar la ley para hacer de la corrupción un delito grave.
Irma Eréndira Sandoval, propuesta por el Presidente electo para ser la próxima secretaria de la Función Pública, mencionó en una reciente entrevista que tiene un conjunto de cinco proyectos estratégicos, entre los que están el uso de tecnologías de la información para el combate a la corrupción, combatir los conflictos de intereses, construir un servicio civil de carrera con perspectiva de género y de justicia salarial, promover mecanismos legales para proteger a denunciantes de corrupción y, finalmente, mecanismos de transparencia de las compras públicas. Este último conjunto de propuestas es más específico y habla de una política pública anticorrupción en desarrollo, menos general y más específica en cuanto a sus propósitos y alcances. Llaman la atención en especial la propuesta de generar mecanismos de protección de los derechos de denunciantes, tema en el que México había incumplido compromisos internacionales, en específico, de la Convención Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), y por otro lado, el fortalecimiento del servicio civil de carrera, otro gran pendiente. En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la intención de la próxima administración es hacer un relanzamiento de ese mecanismo y de revisar su estructura burocrática, propuesta que es congruente con lo que han planteado organizaciones sociales que en su momento ayudaron a crear el SNA, como Transparencia Mexicana, que ha propuesto hacer una segunda versión del Sistema, un "SNA 2.0".
En suma, el acento de la política anticorrupción de la próxima administración, a juzgar por los puntos que le dan continuidad a las propuestas que han presentado en distintos momentos, estará centrada entre otras políticas, en el liderazgo y ejemplo del Presidente electo, en el endurecimiento de los mecanismos legales para castigar la corrupción, en la eliminación de los conflictos de intereses y en transparentar las compras públicas.