Sin mucha resonancia en medios, tal vez por el ruido de la discusión presupuestal y otros temas que en esos días arrastraron la atención mediática hacia otro lado, el pasado 18 de diciembre se presentó en la Ciudad de México la propuesta de política nacional anticorrupción. El documento completo puede ser revisado aquí (https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184?idiom=es).
Se trata de un documento que refleja la singularidad del propio Sistema Nacional Anticorrupción, esquema en el que México inauguró a nivel internacional una nueva forma de atacar el problema de la corrupción, pues en lugar de crear una agencia de gobierno poderosa, con amplios poderes de investigación y facultades para sancionar, dirigida por un "zar" anticorrupción como ha sucedido en otros países –con éxitos como en Hong Kong y Singapur, y fracasos rotundos como en Argentina y Colombia–, en nuestro país decidimos crear un mecanismo de coordinación de instancias ya existentes, dirigido por un grupo de ciudadanos con buena fama pública, elegidos bajo un esquema que intenta asegurar su imparcialidad y su desvinculación aparente con partidos políticos.
La falta de atención de los medios de comunicación no se justifica, pues se trata de un documento que al igual que la instancia que promovió su elaboración, es innovador e importante en varios aspectos. En primer lugar, porque se trata de la primera propuesta seria de crear una política de control de la corrupción verdaderamente de Estado, que involucra por medio del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a todos los poderes del Estado mexicano, a los tres órdenes de gobierno y a los órganos autónomos. En segundo lugar, porque se trata de un documento con un fuerte contenido ciudadano, no solamente por el impulso del Comité Ciudadano, que fue quien lo promovió, sino porque su elaboración se hizo con base en un mecanismo que permitió y alentó la participación de expertos y de ciudadanos interesados en el tema.
El documento identifica dos rasgos fundamentales que caracterizan el fenómeno de la corrupción en México: la ilegalidad, por un lado, y la aceptación social o tolerancia a la corrupción, por el otro; la ilegalidad a su vez se vincula con la impunidad en los delitos y faltas administrativas, y con la discrecionalidad-arbitrariedad con la que actúan algunos servidores públicos. En cuanto al rasgo de la aceptación social de la corrupción, actúan como factores el débil involucramiento de la sociedad en su control y la manera en que se ha distorsionado la relación entre servidores públicos y ciudadanos en distintos espacios de interacción o puntos de contacto, como el otorgamiento de permisos, compras gubernamentales y otros, en los que la corrupción se ha convertido en la norma que regula esa interacción. Esos cuatro factores (impunidad, arbitrariedad, involucramiento de la sociedad y las interacciones gobierno-sociedad) son los cuatro ejes de una lista de 60 propuestas de política pública que consideran además cuatro principios transversales: coordinación de las instituciones públicas; derechos humanos; apertura de las instituciones del Estado, y desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.
En mi opinión, se trata de un documento que recoge de forma más o menos ordenada, clara y completa muchos de los temas y propuestas de políticas que son los que "deben estar". Por ejemplo, se le da un mayor énfasis a la promoción de políticas de transparencia focalizada –el documento usa los términos "información socialmente útil" y "transparencia proactiva"– en lugar de hablar simplemente de acceso a la información; a la capacitación de servidores públicos encargados de la política anticorrupción; a la documentación de casos de éxito; al combate al lavado de dinero; a involucrar al sector privado en la adopción de políticas de cumplimiento; al uso de tecnologías de información como inteligencia artificial, y otras propuestas que de ser implantadas podrían tener un impacto enorme. En suma, se aprecia que en la elaboración de esta propuesta hay un importante conocimiento del problema de la corrupción en México, de sus causas y manifestaciones.
Esta propuesta, la cual está abierta a comentarios y revisiones hasta el 19 de enero, puede ser una oportunidad para empezar a deshilvanar la madeja de la corrupción en México, o bien, puede convertirse en un documento muerto, en una intención abandonada, en una utopía.
El problema clave será, paradójicamente, lo mismo que le da a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción su característica esencial, que es lograr una adecuada coordinación entre distintos poderes, órdenes de gobierno e instancias del gobierno federal, en un entorno en el que enfrentamos una fuerte polarización política, y en el que el gobierno federal se ha mostrado en el mejor de los casos indiferente, cuando no llanamente hostil ante el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay ahí un reto fundamental para el Comité de Participación Ciudadana, que será el de crear las condiciones políticas para que las distintas instancias que componen el Sistema colaboren de forma efectiva en la instrumentación de estas propuestas de política pública. Les deseo suerte.