Un aspecto refrescante del momento que vive México actualmente, es que ha regresado a la escena pública la política, revelándose como potencia. La política, esto es, expresando y buscando darles forma a cambios en la correlación de fuerzas entre grupos y sectores sociales, y la política como ejercicio que aspira a reconfigurar los parámetros colectivos de lo prioritario, lo decible y lo posible. La política, en suma, como actividad orientada no a administrar el status quo, sino a modificarlo.
Este tipo de política tiende a activar emociones intensas como el temor desbocado o el optimismo desenfrenado. Es natural que lo haga, pues entraña posibles recambios significativos en la identidad de ganadores y perdedores, y, al salirse una y otra vez del script conocido, genera inevitablemente altas dosis de desconcierto e incertidumbre.
La política en nivel potencia no es fácilmente digerible. Esa forma de redibujar lo colectivo y de intentar hacerlo posible puede tener aspectos posibilitantes, pero involucra actos, dichos y puestas en escena que, con facilidad, producen disgusto, temor e incomodidad profunda. En particular, aunque no solamente, entre los mejor colocados dentro del status quo amenazado por el cambio anunciado, y entre aquellos que priorizan valores e intereses distintos a las de los nuevos poderosos.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la noción de "pesos y contrapesos". Cualquiera que haya leído dos o tres textos de ciencia política o que le piense dos minutos al asunto, sabe que la división de poderes o cualquier otro dispositivo orientado a fragmentar el poder y enfrentar un fragmento contra el otro, tiene como objetivo central limitar el poder del gobierno y acotar el poder de las mayorías dentro de un régimen democrático, a fin de proteger la libertad de los individuos y de las minorías.
En las semanas posteriores al 1 de julio, muchas voces y plumas han manifestado una fuerte preocupación por el debilitamiento de las diversas instancias (Legislativo federal, congresos locales y partidos de oposición, muy particularmente) capaces de contrapesar la concentración del poder que el electorado, en combinación con nuestras reglas electorales, depositaron en el próximo titular del Poder Ejecutivo. Es de celebrar que se alcen con brío las voces que abogan por imponerle límites al poder del gobierno, pues el poder político concentrado, en efecto, entraña riesgos muy serios para la libertad individual y los derechos de las minorías, así como para un manejo razonable y honesto del poder ejercido a nombre de todos.
Conviene reconocer que la existencia de pesos y contrapesos tiende, en general, a plantearle trabas de diversa índole a los cambios sociales de fondo. Ello, sin duda, aporta beneficios colectivos en términos de estabilidad y previsibilidad, pero también limita la posibilidad, por ejemplo, de redistribuir oportunidades de voz y de riqueza a favor de las mayorías en contextos marcados por niveles de desigualdad altos y enraizados.
En el caso mexicano resulta importante, además, reparar en la mezcolanza de efectos producidos por el periodo de poder dividido y operación efectiva de pesos y contrapesos dentro de las instituciones formales que se inauguró a partir de finales de los 90. Como predice la teoría, la desconcentración del poder político en el país (Presidentes sin mayorías en el Congreso, fortalecimiento de los gobiernos estatales, proliferación de órganos constitucionales autónomos) abrió espacios para el fortalecimiento y posibilidad de defensa de algunas minorías y algunas libertades individuales. En simultáneo, sin embargo, la división del poder político operó, en mucho y en la práctica, como multiplicación de mandos personales y redes informales más que como alternancia de coordinación y oposición entre instituciones fuertes. Como resultado de ello, se debilitó el poder del gobierno en su conjunto y crecieron exponencialmente los denominados "poderes fácticos" y los grupos criminales, así como el peso del contubernio entre estos y ciertos segmentos de la clase política. Todo ello a costa, ya no digamos al cambio, sino a la gobernabilidad misma.
Mis reparos para el caso mexicano con respecto a la visión que enfatiza las bondades sin límites de los pesos y contrapesos no implican negar los muy graves riesgos asociados con la concentración del poder político en un solo grupo o, más aún, en una sola persona. Esos riesgos son reales y muy preocupantes. Pero también son reales y visibles los costos de la fragmentación del poder político para la gobernabilidad, así como para la posibilidad de impulsar cambios necesarios en un contexto como el mexicano.
Este tiempo de política en modo potencia que estamos viviendo es fértil, por lo pronto, pues abre la posibilidad de discutir asuntos largamente dados por obvios, y de ampliar el menú de opciones, por ejemplo, en relación a cómo reconciliar libertades individuales, cambios en beneficio de las mayorías y gobernabilidad. Visto adonde nos han llevado algunas de las certezas y un único listado de "soluciones" de las últimas décadas, ello resulta, aunque incómodo, indispensable.