Lorenzo Córdova
En el Instituto Nacional Electoral tenemos la convicción de que la estabilidad, la credibilidad y la legalidad son indivisibles y complementarias, tanto en la vida económica como en la vida política de toda nación.
México ha desarrollado un sistema electoral que tiene en la participación de los ciudadanos en la organización de las elecciones a uno de sus ejes más importantes y un componente fundamental del blindaje que le da integridad a nuestras elecciones. El sistema electoral mexicano es también cada vez más competido, porque asegura el pleno respeto al sufragio y no hay actor político que escape a la incertidumbre de cómo será el veredicto ciudadano. La competencia asegura que no habrá ganadores ni perdedores definidos de antemano y que serán millones de mujeres y hombres quienes, ejerciendo en libertad sus derechos políticos, darán la última palabra el 1 de julio.
La alta competencia de nuestras elecciones ha hecho que las condiciones en que se da la contienda se hayan convertido también en un elemento central de la legitimidad y credibilidad de nuestros comicios. El financiamiento público, en particular, se ha transformado en un elemento del que depende la credibilidad de las elecciones, los sistemas de partidos, las instituciones públicas y de la democracia misma.
Nuestra Constitución señala que el financiamiento a la política debe de provenir predominantemente de los recursos públicos, que por ley tanto el INE como las autoridades electorales locales les entregan a los partidos políticos. El único dinero público permitido es el que es transparente, tiene sustento legal y entregan en exclusiva las autoridades electorales. Cualquier otro recurso público canalizado a la política es ilícito. Nuestro marco legal también reconoce y alienta el financiamiento privado a la política. Pero la ley también señala límites a cada aportación y prohibiciones expresas (de personas morales, del extranjero, de iglesias o ministros de culto, y anónimas).
Esas son las reglas y al INE le corresponde verificar que se cumplan, como autoridad nacional fiscalizadora única de los ingresos y gastos de partidos y candidatos. Para cumplir con su labor, la Constitución faculta al INE para trascender los secretos bancario, fiscal y fiduciario, y recibir la colaboración de las autoridades hacendarias y bancarias del país. Para cerciorarse de que los recursos que llegan a las campañas electorales y salen de ellas son lícitos y que se usan para fines legales, el INE solicita información a la banca, siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El INE ha sido siempre y seguirá siendo inequívocamente responsable y pulcro con el resguardo de la información que conoce como autoridad constitucional del Estado mexicano. Sólo nos interesa el dinero que fluye a la actividad política, no otro, y cuando se detecte alguna irregularidad, se sancionará al responsable. Nos interesa la legalidad en el manejo financiero de las campañas y, por lo mismo, nos apegamos rigurosamente a la ley cuando hacemos nuestras indagatorias.
Hoy estamos inmersos en un intenso proceso electoral, el más grande de la historia de nuestro país, para renovar pacífica e institucionalmente los poderes de la República. Y justo porque es una renovación pacífica, prevista por las leyes, debemos verla como parte de nuestro desenvolvimiento institucional. Las elecciones no son un punto final, ni una fecha fatídica. El 2 de julio, al día siguiente de la jornada electoral, seguiremos viviendo en nuestro país más de 120 millones de personas. Nuestras necesidades y anhelos permanecerán, y también muchos de nuestros problemas. Las familias seguirán enviando a sus hijas e hijos a la escuela, trabajando y procurando un sustento. Los trabajadores acudirán a sus empleos. Los empresarios continuarán con su actividad. Y la banca seguirá con su misión, fundamental para el desarrollo del país: captar el ahorro nacional y canalizarlo a la inversión, fundamental para el funcionamiento de la economía. Toda esa actividad, esa vida, de familias, particulares, empresas, instituciones, escuelas, universidades, va a continuar, gane quien gane, después del 1 de julio.
Esa es la apuesta del INE: que las elecciones sean íntegras, que se refuerce y confirme la vía institucional para renovar periódicamente el poder, y que la disputa por el mismo no sea disruptiva para el país.
El respeto a las reglas es una condición necesaria para que la democracia cumpla con su función civilizatoria y para que el poder político obtenido mediante el sufragio sea el punto de partida de la futura estabilidad política y de la construcción de un futuro compartido.
El que una elección llegue a buen puerto y cumpla con su función de dar cauce institucional y pacífico a las diferencias políticas, depende de que todos los actores públicos y privados nos apeguemos a las reglas democráticas que nos hemos dado. Dicho de otro modo, la recreación de la democracia supone el cumplimiento de una serie de responsabilidades compartidas, de las autoridades electorales, de los partidos y candidatos, de los gobiernos, los medios de comunicación, de las y los ciudadanos.
En el INE sabemos del compromiso de la Asociación de Bancos de México con la estabilidad y el desarrollo económico del país. El Instituto ve en la banca a un aliado estratégico porque la misión final del INE es la paz, la institucionalidad y la estabilidad política de la nación, siempre sobre bases democráticas. La estabilidad va de la mano de la credibilidad, y ésta de la integridad de nuestros procesos e instituciones, firmemente arraigados en convicciones y prácticas que fortalecen la democracia. Estoy cierto en que la banca, desde el sector privado, y nosotros, como institución del Estado mexicano, cumpliremos con nuestra tarea.