En un documento que circula profusamente en los chats de jueces y magistrados, esta asociación propone: “preparar un estudio acucioso exponiendo las razones prácticas y jurídicas en contra de la reforma propuesta por el Presidente de la República y operada por la Presidenta electa (el costo político debe elevarse a la Presidenta para que reputacionalmente sea, a nivel nacional e internacional, la responsable del desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación y con efectos directos contra Democracia y el Estado de Derecho).”
Es impensable que quienes tienen a su cargo el mantenimiento del orden constitucional pretendan violarlo desconociendo el mandato popular recibido en las urnas. En cualquier parte del mundo se vería la participación de jueces y magistrados para invadir las esferas constitucionales del Poder Reformador de la Constitución como un agravio mayúsculo a su esencia y a su misión.
Precisamente por esta razón, para no contaminar y prejuzgar el contenido de cualquier reforma de ley o constitucional, es que el Poder Judicial de la Federación carece de facultad para proponer una modificación legislativa. Pensar en un grupo organizado de jueces y magistrados, que quieren minar la credibilidad de la próxima presidenta del país a nivel “nacional e internacional” es simplemente inaceptable.
Querer obstaculizar el mandato de la Presidenta Electa y una mayoría calificada en ambas Cámaras, sobre una reforma judicial, querer invadir las facultades del Ejecutivo y el Legislativo por los jueces y magistrados no sólo demuestra su carácter conservador (aquél que quiere conservar el status quo a como dé lugar y oponerse a un cambio para mantener su posición y privilegios), sino su calidad profundamente antidemocrática y la soberbia de pensar que sólo ellos son el pilar de la democracia y el Estado de Derecho.
Contrario a la Constitución que permite reformas a cualquier poder constituido, pretenden oponerse al voto popular argumentando que, sin ellos, sin el Poder Judicial de la Federación tal como lo concebimos hoy, no existe democracia ni estado de derecho.
Es desconocer que a lo largo del tiempo la Constitución de 1917 ha reconfigurado las facultades del Poder Ejecutivo y las del Legislativo, e incluso las del Judicial, pero que hoy por mandato popular se necesita una reforma integral y profunda que explore nuevos espacios y nuevos valores, nuevas formas de interpretación y de organización de cómo debe funcionar el Poder Judicial.
Es sintomático que la asociación de jueces y magistrados sólo se opone a la elección de ellos en el Poder Judicial de la Federación, pero nada dicen de la elección de los integrantes de los poderes judiciales locales, lo que refrenda que su oposición es más por un interés de sus miembros que por una mejora del ejercicio de la judicatura.
La Corte y el Consejo responden al mismo tiempo con una serie de spots llamados tu voz, tu historia, tu justicia, en los cuáles quieren hacer notar que el Poder Judicial (sólo el de la Federación) ha resuelto cosas buenas para el país. Eso nadie lo niega, ahí están los avances en la protección de minorías, en el acceso a derechos sociales, entre otros, pero no es suficiente para sostener un Poder Judicial (Federal y Local) que ha sido incapaz de responder a la demanda de justicia cotidiana y penal.
Los ejemplos abundan. En el Poder Judicial de la Federación la respuesta a un amparo tarda en muchas ocasiones años, los procesos penales se vuelven infinitos y se da prisión a quien no merece y libertad a quien mejores abogados tiene, mujeres que no ven a sus hijos por años o padres que no responden con la pensión que les corresponde en litigios que duran hasta lustros, es el día a día de muchos mexicanos.
Pensar diferente no es estar equivocado. El Poder Judicial (especialmente el de la Federación) se ha convertido en un órgano endogámico que no entiende la realidad del país y que se protege a sí mismo para continuar con el sistema establecido.
Ahora intenta no sólo hacer un estudio para oponerse a la reforma sino:
a) Desprestigiar dolosamente a la Presidenta Electa en perjuicio del país, de la economía y las inversiones;
b) Hacer un paro nacional, como sí los mexicanos recibieran tan pronta justicia que pueden darse el lujo de parar sus labores;
c) Acudir a instancias internacionales (que de nada les servirá) para que se juzguen las decisiones que corresponden a los mexicanos. La reforma no violenta el orden jurídico internacional, ni las disposiciones de orden público internacional; es falso, no se propone quitar el Poder Judicial sino renovarlo bajo reglas distintas, pero con los mismos principios de autonomía en el ejercicio de sus funciones;
d) Utilizar recursos públicos, como lo es la señal de Justicia TV, para oponerse a las funciones constitucionales del Legislativo;
e) Y lo que demuestra su interés personal proponer un esquema de jubilación anticipada y compensación económica, como si fueran los integrantes de un sindicato, cuando a los servidores públicos de base no se les tocará.
Suena indigno querer defenderse desprestigiando a la primer presidenta del país. Los jueces y magistrados aún están en tiempo de reflexionar, y es momento que los ministros pongan a disposición de la gente sus privilegios, renuncien a su haber de retiro, para que su defensa de lo actual no suene a interés personal sino a un verdadero intento de proteger valores relevantes de la sociedad como lo es el Estado de Derecho. El tema de la reforma judicial no es encontrar cómo no se da, sino partir del mandato popular para lograr un cómo sí en beneficio de la sociedad.
*Abogado