Por Rafael Fernández de Castro M., Carlos Pascual y David Víctor
Al acercarse las elecciones presidenciales, la Reforma Energética del 2013 está en una encrucijada.
Gracias a la reforma, el gobierno ha reportado que los contratos adjudicados a empresas privadas suman 200 mil millones de dólares, que se invertirán en el país en los próximos años.
Sin embargo, una nueva encuesta nacional señala que los mexicanos no conocían la crisis del sector energético y reportan escepticismo sobre los beneficios de la reforma. La incertidumbre política amenaza las reformas justo cuando las inversiones y beneficios empiezan a evidenciarse.
A primera vista, el panorama que presenta la encuesta es positivo. Lo más revelador es que los mexicanos apoyan la continuidad de la Reforma Energética (48 contra 37 por ciento), incluso si consideran que no está produciendo resultados positivos (61 y 27 por ciento), o que no era necesaria (47 y 41 por ciento).
Ante la incertidumbre sobre el futuro, los encuestados razonan que volver al pasado no es una solución. La gran mayoría opina que PEMEX no ha actuado en beneficio del país (61 y 30 por ciento).
Pese a la cobertura mediática sobre la reforma en estos últimos años, la mayoría no estaba al tanto de la crisis en la producción de petróleo y 63 por ciento opina que, durante la década previa a la reforma, la producción petrolera aumentó o se mantuvo.
La realidad es que, en 2004, se alcanzó la máxima producción de petróleo con 3.5 millones de barriles por día y cuando se aprobó la reforma en 2013, la falta de inversión había colapsado la producción a 2.4 millones de barriles por día.
No debe sorprendernos, por tanto, que haya confusión sobre los beneficios que implica la reforma, pues no había claridad sobre la drástica caída.
En el sector energético los ciclos de inversión y resultados son largos, más aún cuando los inversionistas tienen dudas sobre la continuidad de las nuevas políticas. En el caso mexicano, cuando se modificó la Constitución en 2013, faltaban aún de seis a ocho años para aumentar la producción de petróleo.
Hoy, más de 100 áreas de producción se han adjudicado a empresas privadas; se han hecho descubrimientos significativos de petróleo y se prevé que la producción suba alrededor del año 2020.
Se está logrando transformar el sector energético en un plazo récord. Sin embargo, el inevitable lapso del tiempo que tiene que transcurrir —entre la reforma y la generación de resultados visibles— puede crear la impresión que de la reforma energética es una promesa incumplida.
Los resultados de la encuesta revelan una contradicción entre lo que la reforma debería lograr para el país y las expectativas personales.
A la pregunta ¿cuáles son las razones por las cuales se hizo la reforma energética? los encuestados se centraron en temas de importancia nacional —atraer inversión extranjera (56 contra 40 por ciento) y atraer tecnología y capital para competir con otros países (51 contra 45 por ciento)—. La mayoría (52 y 45 por ciento) indicó que bajar el precio de la gasolina no debería ser una justificación para la reforma. Sin embargo, hay un contraste significativo entre intereses nacionales y deseos personales. Los mexicanos esperaban que la reforma redujera el precio de la gasolina (70 y 17 por ciento) y electricidad (68 y 19 por ciento).
Los consumidores siempre prefieren el precio más bajo para cualquier producto. La disyuntiva es quién paga si los precios se fijan por debajo del mercado. Más de 60 por ciento de los encuestados opina que el control de los precios de la gasolina y/o de la electricidad no debería generar un incremento en impuestos o afectar el presupuesto público. Pero cuando se preguntó si el control de precios puede resultar en mayores impuestos o en sacrificar gastos educativos y de salud, más de dos tercios se oponen terminantemente.
La Reforma Energética es también un tema de seguridad regional. Dadas las actuales tensiones bilaterales, casi dos tercios de los encuestados respondieron que es un gran riesgo para el país importar más del 50 por ciento de gasolina y gas natural de los EU.
En septiembre de 2017, una encuesta del Pew Research Center registró que 65 por ciento de los mexicanos ven desfavorablemente a EU.
A pesar de las preocupaciones sobre la dependencia de EU y las tensiones políticas, la encuesta indica que 70 por ciento de los encuestados considera que México debe comprar su gasolina y gas natural donde se obtenga el mejor precio, mientras desarrolla su propia capacidad de producción. Es decir, hay una contradicción entre nacionalismo y racionalidad económica.
Los encuestados indicaron (64 contra 24 por ciento) que los candidatos presidenciales deben pronunciarse sobre esta reforma.
Los resultados señalan que los candidatos deben contestar tres preguntas fundamentales. Uno, en caso que decidan controlar los precios de la gasolina y la electricidad, ¿quién pagará el costo? Dos, en la medida que busca modernizar la tecnología en el sector, ¿competirá México por inversión privada con el resto del mundo o dependerá únicamente de los recursos nacionales? y ¿qué medidas tomará el país para beneficiarse de los 200 mil millones de dólares comprometidos a través de las reformas energéticas?
La capacidad de México para lograr sus aspiraciones de prosperidad económica y seguridad energética están en juego. Lograr que el sector energético sea más productivo no sucederá de la noche a la mañana. Requiere un liderazgo realista y comprometido con las transformaciones energéticas en marcha para que el país goce de los servicios de energía de calidad que merece.
1 Rafael Fernández de Castro es director del Centro de Estudios México-EU, profesor de School of Global Policy & Strategy de la Universidad de California.
2 Carlos Pascual es vicepresidente senior de Global Energy, IHS Markit y exdiplomático de EU.
3 David Victor es profesor de School of Global Policy & Strategy de la Universidad de California en San Diego y codirector del Laboratory on International Law and Regulation de esa institución.