Por Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del INAI
Recién los días pasados el INAI celebró, como es ya una tradición, la edición 2018 de la Semana Nacional de Transparencia, la cual tuvo como trasfondo una consideración muy especial: la coyuntura del cambio de administraciones federales.
Tuvimos el privilegio de contar una vez más con la presencia del presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto. Y de igual forma, tuvimos la fortuna de escuchar a distintas personalidades que en breve ocuparan las carteras de algunas de las principales Secretarías de Estado del gobierno recién electo democráticamente.
En un análisis de las opiniones y planteamientos comparados de quienes van a iniciar y de quienes concluyen, me parece que se puede obtener un saldo favorable en la gestión del régimen de transparencia en México, reformulado a partir de la modificación constitucional de febrero de 2014.
Ese balance es significativo a partir de que se ha cumplido con la finalidad que la citada reforma constitucional impera: la deseada homologación en todo el país para contar con un mismo derecho de acceso a la información y un ejercicio igualitario sin importar la entidad federativa en la que se encuentre el solicitante.
Dicho en síntesis apretada: hacer realidad la universalidad de un derecho fundamental.
Sin embargo, eso no es todo. El balance, como cualquier otro, también exige poner atención en los rubros pendientes, en la prospectiva y en los retos por consolidar.
No me cabe duda, como lo señaló la doctora Lourdes Morales en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia de este año, que el primer reto por afianzar es el cumplimiento de las leyes. México se distingue por tener y desarrollar diseños institucionales y prohijar leyes impolutas, pero a veces, la ejecución de aquéllas exige mayor firmeza y contundencia.
Reconozco que, por lo menos en parte, lo anterior se debe a que aún nos encontramos en el proceso de armonización de la legislación derivada de la reforma constitucional, en forma específica la de archivos que está en una etapa inicial y la de acceso a la información o de datos personales que se encuentran pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia en casos de impugnación constitucional.
El INAI ha ejercido una política al resolver basada en la máxima publicidad: los casos Odebrecht, el movimiento estudiantil de 1968, los beneficiarios de las condonaciones de créditos fiscales, el lamentable asunto de los 43 de Ayotzinapa, entre otros, se impregnan de aperturismo.
Es en esta parte, en la que recupero una de las conclusiones del presidente Peña Nieto: reforzar la interacción de dos sistemas nacionales hermanados: el de Transparencia y el de Combate a la Corrupción.
Vinculo esto para precisar que el INAI es un organismo garante autónomo en materia de transparencia, pero no la panacea del combate a la corrupción; éste atañe a otras instancias. Y la razón es simple: porque se tratan de vocaciones institucionales diferentes.
Por eso, me parece acertada la participación de la doctora Irma Eréndira Sandoval sobre el fortalecimiento de los organismos garantes en el combate a la corrupción. Más aún, comparto el sentido de las declaraciones de la próxima Secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, quien ha planteado ya la necesidad de revisar las leyes de transparencia y acceso a la información para reforzar los mecanismos de combate a la corrupción. Enhorabuena.