Por Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado del INAI.
El pasado 15 de febrero, el INAI —por conducto del Comisionado Presidente, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas— rindió al Senado de la República el informe de labores que comprende el período 2016-2017, el cual tiene la peculiaridad de reflejar la etapa de transición entre dos gestiones: la saliente a cargo de la Dra. Ximena Puente de la Mora y la recién entrante al timón del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas.
Un informe de labores es un mecanismo de rendición de cuentas, que en el caso que nos ocupa se rinde a la Cámara federada del Congreso de la Unión. Lo cual tiene una doble lógica. Por un lado, existe el factor de la representación política como una expresión de soberanía popular representada por los legisladores. Por el otro lado, la fórmula de representación federal que para el INAI es de suma importancia porque, a partir de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 se gestó un mecanismo federalista en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales encarnado en el Sistema Nacional de Transparencia.
Como ya se ha referido en otras ocasiones, el Sistema Nacional de Transparencia es la asamblea paritaria de todos los organismos garantes del país (el federal y los locales), más una serie de instituciones nacionales que por competencia deben formar parte de dicho Sistema (AGN, ASF e Inegi).
¡Qué mejor que esa fórmula federal trascienda al momento de la rendición del informe de labores ante la Cámara federada!
Durante la revisión institucional realizada en el informe de labores hemos encontrado dos interesantes constantes. La primera de ellas es el logro de nuevas marcas en diversos indicadores, las cuales nos hacen ver que ese rumbo ordenado es la manera en que debemos seguir trabajando.
La segunda, es un importante paralelismo en diversos indicadores reportados por el INAI durante el año de su creación, 2003, y los del periodo que se reporta, con la enorme diferencia de todo cuanto se ha crecido y avanzado a partir de la reforma estructural de transparencia de febrero de 2014. Un nuevo régimen jurídico y un nuevo diseño institucional es el legado de dicha reforma constitucional.
Se aprecia que la calidad de la labor del Instituto luego de 14 años, mantiene ese pundonor original y esa fidelidad al propósito que unió a la sociedad civil, la academia y al gobierno para crear una institución que sirviera a los mexicanos garantizando el ejercicio del acceso a la información y, más adelante, la protección de los datos personales. Y, sin embargo, a tres años de la reconfiguración del organismo garante y de la defensa del acceso a la información, han potencializado la necesidad y la justificación de contar con una instancia y procedimientos ad hoc en esta materia.
Los datos que el informe de labores ofrece son interesantes. Citaré algunos de ellos sólo como ejercicio muestral.
El ejercicio del derecho de acceso a la información se ha incrementado, a partir del número de personas que formulan solicitudes, lo que puede parecer que hay un crecimiento continuo en el interés de la sociedad en saber y conocer la gestión gubernamental. Así, en 2016-2017 se incrementó 20% más que en el anterior, tan sólo a nivel federal, lo que es equivalente a más de 244 mil solicitudes.
Otro ejemplo que en lo personal llama mucho la atención es que el tema de justicia es uno de los parámetros más requeridos en las solicitudes de información y, en consecuencia, uno de los Sujetos Obligados con mayor número de solicitudes es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y no es para menos, en un país como el nuestro en el cual el hambre de justicia es palpable, la sociedad quiere conocer cómo se juzga, sobre todo con miras a comprender que nuestro más alto tribunal es garante de todos nuestros derechos fundamentales.
Y si la justicia representa en cierta medida la verdad legal, nada como lo que dijo Martín Lutero: "La paz, si es posible, pero la verdad a toda costa".