POR Eugenio Monterrey Chepov
La corrupción política es la vertiente más elocuente y lamentable de las formas de corrupción que aqueja a nuestro país. Uno de los actores que protagonizan esta lamentable situación es el mal servidor público. Las modalidades son del más variado talante, desde la adjudicación de contratos a familiares o el establecimiento de sobreprecios a bienes o servicios adquiridos, pasando por la obtención de privilegios injustificados como boletos de avión o vacaciones pagadas, hasta operaciones financieras de las más complejas para que, en cualquiera y en todos los casos, el mal funcionario obtenga ingresos rentables y altamente injustificables.
Esa corrupción que duele y tanta indignación genera al pueblo de México puede afectarse a través de diversos instrumentos, uno de ellos es conocer la evolución del patrimonio de los servidores públicos y poner cortapisas a los conflictos de interés.
Precisamente, el pasado viernes 29 de junio, el Pleno del INAI aprobó para su fuero interno, los nuevos formatos de las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos deben acreditar al inicio o al final de un encargo público, así como a la declaración de modificación patrimonial que año con año se ha hecho.
Pero con la diferencia de que estos formatos permitirán hacer pública la situación patrimonial de todos y cada uno de los servidores públicos, pues se deja de lado la posibilidad de que los funcionarios decidan si publican o no sus declaraciones patrimoniales. En mi opinión, deja de ser ya un mero trámite (que es en eso en lo que se convirtió la declaración patrimonial) y se torna en un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
El umbral de privacidad que protege los datos personales de todas las personas físicas se ajusta y, por ende, no es el mismo, para el caso de los servidores públicos, los cuales asumen una responsabilidad, no solo jurídica, sino social, frente a la ciudadanía. Ser servidor público en términos de evolución patrimonial significa que el halo de confidencialidad se reduzca frente a una transparencia en expansión.
Los casos en que los corruptos se las ingenian para poner un velo de opacidad y esconder sus tropelías son de lo más variopinto y uno de esos casos es la utilización y la complicidad con familiares o personas cercanas a quienes confían, incluso legalmente, la titularidad de esas riquezas inexplicables. Ejemplos los hay y sobran, lo paradójico es que los casos mediáticamente conocidos son los menos o, por decirlo de otra manera, aunque se conozcan situaciones de corrupción la impunidad acoge las más de las veces a los corruptos.
Se sabe, pero no se hace nada.
Finalmente, debo señalar que la vigencia de dichos formatos quedará en la decisión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y lo que fue aprobado el viernes pasado por el INAI sólo fue, insisto, para la convicción del Pleno del Instituto.
Falta aún que, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana asuman colegiadamente una determinación en torno a dichos formatos y al seguimiento que se le va a dar a la evolución patrimonial de los servidores públicos en aras de combatir, según sean los casos, la corrupción.
De aprobarse, no habrá excepciones y desde el más modesto servidor público hasta el más encumbrado funcionario federal, estatal y municipal tendrá que rendir cuentas de su patrimonio.
*El autor es Comisionado del INAI.