La autora es directora de México Evalúa
Los terremotos que sacudieron al país en septiembre de 2017 nos dejaron un sabor amargo, no sólo por las dramáticas consecuencias inmediatas, sino por la indolencia y las irregularidades que prevalecieron en los meses siguientes.
Unas horas después del temblor del 19 de septiembre de 2017, las calles se saturaron de gente con el ánimo de ayudar. Los partidos políticos, en vísperas del proceso electoral, parecían tan conmovidos que anunciaron donarían parte de sus prerrogativas para ayudar a los afectados. Se crearon distintos grupos de apoyo y el gobierno federal dispuso de recursos del Fonden para atender a los afectados. Un año después, todavía hay muchos damnificados que sacan a cubetadas el agua de la lluvia que inunda sus albergues en la calle.
Las desgracias naturales nos ponen al descubierto. En todo lo bueno y en lo malo también. Lamentablemente la solidaridad es efímera y lo que nos queda son piezas de nuestra realidad: un gobierno con problemas para gobernar y ejecutar proyectos de cualquier índole, particularmente cuando se trata de emergencias; la grave dislocación en el trabajo de las distintos ámbitos de gobierno; la corrupción y también el oportunismo.
El 19 septiembre de 2017 perdieron la vida 369 personas, según estimaciones oficiales, la mayoría en la Ciudad de México. Está bien probado que el costo en vidas humanas de un desastre natural está vinculado con la magnitud del evento, por supuesto, pero también con la capacidad de los gobiernos para atender la emergencia, es decir, con la calidad del gobierno.
En México, los desastres naturales son atendidos regularmente por las Fuerzas Armadas. Las autoridades civiles simplemente se hacen bolas. Tardan en reaccionar. En parte porque no existen protocolos bien hechos y bien asumidos, pero también porque cuesta mucho lograr que trabajen coordinadamente. Esto, que es cotidiano en las dinámicas gubernamentales, se convierte en un pesadísimo fardo cuando la emergencia se presenta. En ausencia de marcos de respuesta y de coordinación efectivos, son las Fuerzas Armadas las que tienen que hacerse cargo. Así lo hicieron con los eventos de septiembre pasado.
Pero vayamos desglosando el problema.
Lo primero son las muchas irregularidades en licencias de construcción, que permitieron edificaciones fuera de la normatividad, sobre todo en la CDMX. A semanas del temblor, las inconsistencias se fueron revelando, en particular en los inmuebles que se derrumbaron. Uno de los casos más graves fue en la escuela Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños. A pesar de haberse demostrado que las construcciones se realizaron en condiciones irregulares, hoy no hay investigaciones concluidas y, por tanto, no hay responsables ni detenidos. Y como no hay (seguramente no habrá) consecuencias, los permisos de construcción irregulares se seguirán expidiendo hasta que el próximo evento natural cobre otras vidas. A partir de ahí haremos un gran escándalo… para que todo siga igual.
También amerita mencionarse el hecho de que al día de hoy hay mucha población afectada que no ha recibido ningún tipo de atención gubernamental. Están simplemente olvidados. Por lo que se sabe de quienes han estado trabajando en las comunidades afectadas, en los censos que se levantaron, no están todos los que son ni son todos los que están. Existe un grupo de afectados que no aparecen en el radar gubernamental. Eso sí, los 'vivos', los líderes locales que prestan algún servicio al gobierno o a un partido, seguramente están sobrerrepresentados en las listas de beneficiarios.
"Los bienes públicos son para quienes los trabajan" ayudando en campañas, movilizando en elecciones, administrando clientelas, o al menos haciendo buena grilla con su jefe político.
Y, para cerrar, sólo presentar el caso: un número indeterminado de personas afectadas sin apoyo alguno, al tiempo que se expiden tarjetas por duplicado (o más) a nombre de ciertos beneficiarios. Esto da para mal pensar.
A un año de la desgracia, la percepción de abandono parece extendida entre los afectados. Existe sospecha de desvío de recursos, de uso político de dinero público destinado a la reconstrucción. Y mucha lentitud en estas tareas. En las tragedias sacamos lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Así es México y así han sido los 365 días de solidaridad efímera.